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El titular de la Secretaría General de Gobierno, Jorge Daniel Hernández Delgadillo rechazó que en el último año haya existido un retroceso en cuanto al llamado “Estado de Derecho” en San Luis Potosí, esto luego de que la organización internacional World Justice Project (WJP) presentara su más reciente informe (2020-2021) en donde ubica a la entidad potosina en el lugar 21 dentro de las 32 entidades y un ligero retroceso respecto de la última medición.
En este sentido, Hernández Delgadillo puntualizó: “no tengo la referencia concreta de ese estudio… pero de ninguna manera se está vulnerando el estado de derecho en San Luis Potosí, estamos trabajando, hay autoridades legalmente constituidas, hay trabajo y las actividades propias de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial se llevan a cabo con normalidad”.
Indicó, que de igual manera no se tiene ningún problema de operatividad en ninguno de los 58 ayuntamientos del estado, lo que presupone que existe un estado de derecho permanente y vigente a lo largo y ancho de la entidad, sin que esto signifique que sea perfecto, hay áreas en donde por supuesto se tienen que redoblar esfuerzos y que tienen que mejorar, pero de ahí, a decir que no existe el estado de derecho es muy diferente.
Imagen: WJP
Cabe destacar que de acuerdo al reporte de esta organización, en donde califica con 1.0 al completo estado de derecho en una entidad y con 0.0 a su completa ausencia, la entidad potosina se encuentra en el último tercio de las entidades con una adhesión más débil al estado de derecho, con una calificación de 0.39.
Estos datos revelan un retroceso de 0.01 en comparación con el estudio 2019-2020 en cuando fue calificada con 0.40; destaca además que el estado que tuvo el puntaje más alto, es decir que se acerca más a un estado de derecho es Yucatán con un 0.47, en cambio su vecina Quintana Roo es su contraparte, puesto que calificada con 0.34 es la entidad con un mayor alejamiento de lo que se podría llamar estado de derecho.
World Justice Project, explica además que para definir estas calificaciones se toman en cuenta diversos factores, como es el caso de los límites al poder gubernamental en torno a cuestiones como si el legislativo es un contrapeso eficaz del ejecutivo, si lo es el judicial, si hay organismos de fiscalización y control eficientes, si la prensa es un mecanismo de control, si hay evidencia de elecciones libres y transparentes, la presencia de corrupción, la democracia participativa, los derechos humanos, derecho a la vida, casos de discriminación, impunidad y presunción de inocencia, libertad religiosa, criminalidad, tasa de homicidios, normatividad y cumplimiento de las leyes, el debido proceso, sistema judicial eficiente, la eficiencia de las policías preventivas y de investigación, sistema penitenciario, entre otros.
