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El secretario de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), Juan Carlos Torres Cedillo, explicó que todas las escuelas, tanto públicas como privadas en San Luis Potosí, deben cumplir con las normativas establecidas para prevenir y atender la problemática del bullying en las aulas.
Lo anterior, luego del reciente caso en que un estudiante de siete años de edad del Colegio Hispano Inglés en la capital potosina, habría sido víctima de esta situación y se ha señalado una posible omisión por parte de las autoridades escolares.
Al respecto, Torres Cedillo explicó que la primera instancia responsable en este asunto es el Sistema Educativo Estatal Regular (SEER), ya que la institución está adscrita a dicho organismo.
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Bullying en escuelas: Reubicación en lugar de expulsión
Respecto a las medidas aplicadas a los estudiantes que cometen bullying, el titular de la SEGE aclaró que la normativa vigente no contempla la expulsión del alumno como una opción, sino que en su lugar se maneja la posibilidad de reubicarlos en otras instituciones y asegurar que reciban apoyo psicológico para abordar el problema de fondo.
Torres Cedillo destacó que el enfoque debe ser correctivo y preventivo, más que castigador; sin embargo, subrayó que las escuelas tienen la obligación de reportar estos casos de inmediato a las instancias correspondientes, como el área jurídica y los organismos de protección a menores, para evitar incurrir en omisiones que puedan agravar la situación.
Así mismo reiteró que la normativa educativa establece reglas claras sobre la responsabilidad de las escuelas en la atención de casos de bullying. La falta de acción por parte de directivos o docentes puede derivar en sanciones que van desde una advertencia hasta la destitución en casos de reincidencia.
“Desde el inicio del ciclo escolar, se han implementado protocolos específicos para la atención del acoso escolar, incluyendo la distribución de material informativo en las escuelas con lineamientos sobre cómo actuar ante estas situaciones”, explicó.
Aunque actualmente no existen sanciones específicas para los padres de los agresores, Torres Cedillo reconoció la necesidad de involucrarlos en la solución del problema.
Finalmente, consideró que en ciertos casos sería conveniente brindar apoyo a las familias de los menores agresores, con el objetivo de fortalecer la prevención y reducir la incidencia de estas conductas en las escuelas del estado.
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