El tiempo deseable para el análisis de cuentas públicas es de seis meses de acuerdo a la organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), destacó Khemvirg Puente Martínez, experto en Congresos y doctor en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Sin embargo, podría ser la actual legislatura la que avale los informes de auditoría de las cuentas públicas 2017 a menos de un mes para concluir su encargo, situación que depende del trabajo que realice la nueva unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia, indicó Héctor Mendizábal Pérez presidente de dicho comité.
El legislador expuso que la revisión de estos informes depende de que la Auditoría Superior (ASE) del Estado los turne a la Comisión de Vigilancia, en donde tendrán el trato que corresponde, incluso aseguró que luego de la auditoría a los procesos de la ASE se conoce mejor la forma en la que labora la institución.
Reveló que la ASE ha concluido con varios de los procedimientos, por lo que existen las condiciones para comenzar a enviar algunos, “pero creo que quieren concluir la totalidad” para ser turnados”, estimó.
Por otro lado, el académico de la UNAM menciona que en ningún caso conviene el apresuramiento para la toma de decisiones, ya que no es apropiado, “es mejor que los legisladores se tomen el tiempo para tener toda la información que esté a su alcance y si es un fin de legislatura, pues ni modo, le tocará una parte a los salientes y otra a los entrantes”.
Apuntó que así funciona la institucionalidad y no se pueden interrumpir los trabajos por el cambio de legislatura, al decir esto aclaró que no se trata de que los legisladores salientes dejen de hacer su trabajo, ya que es su responsabilidad revisar estas cuentas si les son turnadas, “si en el proceso de revisión se acaba la legislatura, pues el resto del trabajo lo tendrá que continuar la siguiente. No por cerrar los expedientes de manera apresurada se vaya a cometer alguna injusticia a favor o en contra de alguna autoridad, no precisamente para fincar responsabilidades o exentarlo de las mismas, sino para que, en general, lo que se decida esté fundado y bien estudiado”, concluyó
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