El presidente de la asociación Amigos Potosinos en Lucha contra el Sida, Andrés Costilla Castro, anunció que el pasado 19 de noviembre emitió denuncias ante la Auditoría Superior del Estado (ASE), la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el agente adscrito de la Fiscalía Anticorrupción y el Órgano de Control Interno de los Servicios de Salud por presuntas irregularidades encontradas en el procedimiento de contratación, mediante invitación restringida de los Servicios de Salud, para el programa de detección y prevención del VIH-Sida, sífilis y otras enfermedades de transmisión sexual.
“Es un procedimiento público y que es de interés de la ciudadanía, y en torno al tema se me hace que en el marco de la lucha contra el VIH sucedan este tipo de acciones que manchan el trabajo comunitario que se ha realizado por muchos años”, señaló Costilla Castro en entrevista con EL UNIVERSAL San Luis Potosí.
De acuerdo con el presidente de esta asociación, fue a través de rumores que le indicaron que había un supuesto acuerdo entre la coordinadora estatal del programa VIH-Sida e ITS, Claudia Aidé Rodríguez Trejo, y el ganador del fallo, Jesús Paul Ibarra, por lo que decidió pedir por transparencia la propuesta económica y técnica del licitante ganador, la cual se le otorgó a través del oficio SSSLP/UT.449-2020.
“Al observar lo que me envían, empiezo a notar claras inconsistencias, que en las bases federales dice que si se presentan inconsistencias las propuestas serán desechadas”.
Con fecha del 1 de octubre de 2020, la Dirección de Administración y la Subdirección Operativa del Departamento de Adquisiciones de los Servicios de Salud del estado emitieron la invitación restringida a “cuando menos tres personas nacionales al procedimiento No. IA-924016995-E043-2020”, para la contratación de un servicio integral para la implementación de intervenciones de prevención combinada de VIH, VHC y otras enfermedades de transmisión sexual localizadas en poblaciones claves, la cual se desarrolla desde el 15 de octubre y se prevé que finalice el día 18 de este mes.
De acuerdo con el fallo del 8 de octubre de 2020, para el financiamiento referente al 2020 para la prevención se concedió a Jesús Paul Ibarra, bajo el contrato SSSLP-E043-SERVINTE-001-2020, un monto total de un millón 378 mil pesos, de los cuales 689 mil corresponden al anexo 1A para los servicios que se deben hacer en municipios al interior de la entidad y otros 689 mil pesos para el anexo 1B.
Costilla Castro dijo que las irregularidades son notorias debido a que presentó dos propuestas: una con fecha del 6 de octubre de 2020, en la que estipula que participa en la adjudicación directa para la prestación de un servicio integral con un total de partidas cotizadas por un monto total de 689 mil pesos, con IVA incluido.
La segunda, explicó, tiene fecha del 22 de octubre de 2019 y en la que se establece que participa en la invitación a cuando menos tres personas, con un total de dos partidas cotizadas para la prestación de un servicio, con un plan de entrega del 1 de septiembre al 18 de diciembre de 2020, con una recepción del bien por 12 meses y con una caducidad según corresponda a la fecha de la entrega.
“Los oficios tienen que ir dirigidos al área administrativa, no están dirigidos; donde él pone que él está participando en una adjudicación directa, donde señala que sus dos cotizaciones de partida, que es un error que hace porque la invitación estipula que uno puede participar o hacer una propuesta por un solo servicio, y él hace propuesta por dos servicios, que incumple las bases de la convocatoria.
“Y en la otra hoja está hablando que el periodo de caducidad de su propuesta es por 12 meses y pone el 22 de octubre de 2019; entonces, sus propuestas terminaron el 22 de octubre de 2020, no tendrían ya validez.
“Entonces, es raro esto y a las autoridades va a corresponder ver si hubo ahí una negociación entre funcionario o licitante, eso sólo lo determinarán las autoridades al momento de hacer la investigación”, expresó Andrés Costilla a El Gran Diario de México.
etp