Operadores de pipas advierten riesgo de paro nacional por reforma a la Ley de Aguas Nacionales

La Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC) expresó su preocupación ante la posible afectación a más de 350 mil operadores de pipas en todo el país, derivado de disposiciones contempladas en la Ley de Aguas Nacionales, donde se establece como delito el traslado de agua.

Integrantes del organismo de San Luis Potosí, señalaron que ya sostuvieron un encuentro en la Ciudad de México con autoridades de Conagua, Raúl Torres representante de AMOTAC, dijo que específicamente con el subadministrador Mauricio Rodríguez, donde se firmó una minuta con el objetivo de evitar que esta actividad sea considerada ilícita o, en su caso, modificar el artículo 123.

Explicaron que continúan agotando las vías institucionales y anunciaron que el próximo 24 de marzo de 2026, al mediodía, sostendrán una reunión con la diputada federal Elizabeth Cervantes de la Cruz, a quien le presentarán una propuesta de iniciativa para reformar dicho apartado legal.

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En ese contexto, advirtieron que transportistas de todo el país se movilizarán ese día para respaldar la petición.

Desde la organización insistieron en que su labor no consiste en vender el agua, sino en ofrecer un servicio que implica costos operativos como combustible, salarios de operadores, seguros y mantenimiento de las unidades.

Aseguraron que estos gastos no son subsidiados, por lo que su actividad responde a una necesidad operativa y social.

Asimismo, señalaron que el problema hídrico va más allá del transporte, al referir presuntas irregularidades como la desviación de cauces de ríos, lo que dijeron no está siendo atendido con la misma atención por las autoridades.

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Consideraron injusto que se enfoque la vigilancia en quienes distribuyen el recurso, en lugar de atender problemáticas de mayor escala.

Advirtieron que la posible eliminación de esta actividad impactaría directamente a la población, especialmente en municipios que no cuentan con la infraestructura suficiente para garantizar el abasto de agua.

En ese sentido, recordaron que el acceso al agua es un derecho humano y acusaron que se está estigmatizando a los operadores de pipas.

La organización adelantó que, en caso de no obtener una respuesta favorable, se contemplan movilizaciones a partir de mayo y junio, hasta que se garantice que no se sancione esta actividad.

Indicaron que los plazos establecidos para realizar modificaciones a la ley vencen en junio, por lo que continuarán en la lucha junto con transportistas del sector.

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También señalaron que, aunque en San Luis Potosí no se han registrado clausuras recientes, en otras entidades autoridades federales han cerrado pozos e incluso asegurado unidades con cisternas.

Finalmente, lamentaron que esta situación se esté abordando desde una perspectiva política, cuando afirmaron que se trata de un problema social que involucra a los tres niveles de gobierno.

Señalaron que la existencia de pipas responde a la falta de cumplimiento en el suministro de agua por parte del Estado y reiteraron que están a favor de una regulación, pero no de que su actividad sea tratada como un delito.