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Activistas de la comunidad LGBT+ ganaron un amparo para que el gobierno potosino asigne una partida presupuestaria para atender las distintas necesidades de sus integrantes.
El pasado 10 de febrero se dio a conocer la resolución del juez, para que desde el gobierno del estado se designe recursos para la creación de políticas públicas que garanticen los derechos de la comunidad LGBT, por lo que continúan esperando la respuesta de las autoridades locales.
Andrés Costilla, integrante de Amigos Potosinos de la Lucha Contra el SIDA, manifestó la entidad potosina ocupa el lugar 15 a nivel nacional con población LGBT, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), sin embargo, puntualizó que dentro de estos censos no todas las personas pertenecientes a la comunidad LGBT son contadas ya que se hace de manera electrónica y “no todas tienen acceso”.
Por lo que sólo 136 mil 160 personas pertenecientes a la comunidad LGBT, de las 300 mil que existen en San Luis Potosí, según un aproximado de Andrés Costilla, participaron en esta consulta realizada por el INEGI para explorar sus condiciones de vida y necesidades.
Al ser cuestionado sobre cómo deberían de aplicar los fondos que proporcionaría el gobierno estatal, el activista indicó que en primer término se debería de realizar un diagnóstico situacional para priorizar las necesidades a cubrir.
La salud y atención médica podría ser un tema prioritario "debido a que el gobierno estatal aporta ceros pesos para la prevención del VIH y otras ITS. También hay ciertos tratamientos que las personas trans requieren o algunas personas no tienen acceso a los servicios médicos.”
También mencionó que los fondos podrían ser utilizados para combatir el bullying que sufren niños y adolescentes en las escuelas, capacitar al personal docente para que sepa identificar la discriminación.
Pero sobre todo que se continúe con la impartición de justicia donde se reconozcan los crímenes de odio, como sucedió en el caso de Michelle, adolescente trans que fue asesinada en 2019 y se logró que el juez tomara en cuenta las agravantes por su identidad de género y así condenar el primer crimen de odio en San Luis Potosí.
