La trata de personas es uno de los delitos que constituye una de las peores violaciones a los derechos humanos, informó la Directora General del Centro de Justicia para las Mujeres (CJM), Julieta Méndez Salas,
La funcionaria estatal mencionó que situaciones adversas como la pandemia del Covid-19, exacerba la vulnerabilidad de las personas para convertirse en víctimas, por lo que es muy importante crear conciencia sobre la situación y proporcionar protección a los derechos humanos.
Destacó que la trata se presenta en diferentes modalidades como la explotación sexual, trabajo forzado, mendicidad infantil o extracción de órganos, entre otros.
Agregó que este tipo de delitos los padecen miles de personas todos los días, en su mayoría mujeres y niñas, sin embargo la cifra de estos delitos que se denuncian no muestra la verdadera problemática, ya que muchas de las víctimas son engañadas y no son conscientes que lo viven.
En San Luis Potosí, en 2018 el Gobierno del Estado emitió la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos para el Estado de San Luis Potosí.
En 2019, se emitió el Protocolo general de actuación para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública que atiende a niñas, niños y adolescentes y el Protocolo para proteger y asistir a víctimas de trata de personas en el Estado.
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Méndez Salas reiteró que se han hecho esfuerzos permanentes para capacitar al personal de las instituciones sobre este delito, garantizar que se investigue y se sancione a los responsables; también se cuenta con espacios especializados para la defensa gratuita de las mujeres y las niñas víctimas de violencia de género, a través de la Procuraduría para la Protección de Niñas Niños y Adolescentes, y la Red Estatal de Centros de Justicia para Mujeres.
La intervención de las áreas de atención a la violencia en el Estado, son fundamentales para detectar este tipo de delitos que con frecuencia se manifiesta a través de diferentes formas de violencia, por ello lo más importante es garantizar la intervención institucional, ya que es la vía que asegura su acceso a la justicia pero no solo de quien denuncia, sino para todas las mujeres, ya que previene que más personas sean vulneradas y que se sancione adecuadamente por las áreas de procuración de justicia a los responsables.
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