La trata de personas es uno de los delitos que constituye una de las peores violaciones a los derechos humanos, informó la Directora General del Centro de Justicia para las Mujeres (CJM), Julieta Méndez Salas,
La funcionaria estatal mencionó que situaciones adversas como la pandemia del Covid-19, exacerba la vulnerabilidad de las personas para convertirse en víctimas, por lo que es muy importante crear conciencia sobre la situación y proporcionar protección a los derechos humanos.
Destacó que la trata se presenta en diferentes modalidades como la explotación sexual, trabajo forzado, mendicidad infantil o extracción de órganos, entre otros.
Agregó que este tipo de delitos los padecen miles de personas todos los días, en su mayoría mujeres y niñas, sin embargo la cifra de estos delitos que se denuncian no muestra la verdadera problemática, ya que muchas de las víctimas son engañadas y no son conscientes que lo viven.
En San Luis Potosí, en 2018 el Gobierno del Estado emitió la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos para el Estado de San Luis Potosí.
En 2019, se emitió el Protocolo general de actuación para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública que atiende a niñas, niños y adolescentes y el Protocolo para proteger y asistir a víctimas de trata de personas en el Estado.
Méndez Salas reiteró que se han hecho esfuerzos permanentes para capacitar al personal de las instituciones sobre este delito, garantizar que se investigue y se sancione a los responsables; también se cuenta con espacios especializados para la defensa gratuita de las mujeres y las niñas víctimas de violencia de género, a través de la Procuraduría para la Protección de Niñas Niños y Adolescentes, y la Red Estatal de Centros de Justicia para Mujeres.
La intervención de las áreas de atención a la violencia en el Estado, son fundamentales para detectar este tipo de delitos que con frecuencia se manifiesta a través de diferentes formas de violencia, por ello lo más importante es garantizar la intervención institucional, ya que es la vía que asegura su acceso a la justicia pero no solo de quien denuncia, sino para todas las mujeres, ya que previene que más personas sean vulneradas y que se sancione adecuadamente por las áreas de procuración de justicia a los responsables.