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Pese a que las reglas electorales obligan a los partidos a establecer condiciones de equidad para postular a hombres y mujeres a diferentes cargos de elección popular, no siempre estos escenarios alcanzan a otros sectores o grupos sociales representativos como los vulnerables, los jóvenes, miembros de la comunidad LGBTTTI, personas con discapacidad u otros para ser incluidos dentro de los perfiles.
Dentro del actual proceso electoral son pocos los institutos políticos que han sumado a estos grupos, solamente el PRD y Fuerza por México han dado a conocer perfiles inclusivos que para muchos son importantes para evidenciar un crecimiento democrático que vaya más allá de la sola idea del sufragio y de la participación abierta de los votantes.
Basta recordar, por ejemplo, que en la elección a gobernador de San Luis Potosí hay nueve candidatos de los que sólo dos son mujeres, y aunque se puede destacar que al menos cinco de ellos tienen un rango de edad joven, no hay posibilidad de que se sumen propuestas de sectores vulnerables.
En el tema de las presidencias municipales destaca el caso de Leonor Noyola, quien pese a su discapacidad es la abanderada de la coalición PVEM-PT a la alcaldía de Soledad, además de ser senadora con licencia.
Apenas el pasado fin de semana el partido Fuerza por México anunció la sustitución de la candidatura a Ciudad Valles; el nuevo aspirante designado fue Eliud Domínguez, quien pertenece a la comunidad LGBTTTI, esto luego de que se recibiera la renuncia de su anterior candidata y su planilla.
En lo que se refiere a los partidos políticos, destaca el caso del activista Andrés Costilla Castro, quien rindió protesta como delegado de la Comisión Especial de Diversidad Sexual del Comité Directivo estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
En esa ocasión se señaló que se haría un llamado a la junta local del Instituto Nacional Electoral para que se dé cumplimiento a la sentencia federal que convoca a que los partidos incluyan en sus planillas a ayuntamientos y al cargo de diputaciones locales a miembros de esa comunidad, a fin de garantizar sus derechos político-electorales.
Antonio Medina Trejo, director nacional de la Comisión de Diversidad Sexual, hizo hincapié en que todos los partidos políticos deben cumplir con una cuota de participación de esta comunidad.
"Los partidos en los estados están obligados a incluir a personas de la diversidad sexual en las candidaturas para diputaciones, presidencias municipales o regidurías", subrayó.
De acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), las sociedades cuyas instituciones políticas son más inclusivas y participativas tienden a ser más pacíficas y resilientes, mientras que aquellas que practican la exclusión tienden a ser más vulnerables a la fragilidad y al conflicto.
Se agrega que los procesos políticos inclusivos son esenciales para mantener la paz y prevenir conflictos, ya que contribuyen a remediar las desigualdades estructurales y otras causas fundamentales de los conflictos.
La publicación del 21 de marzo de este año del Observatorio de Violencia de Género en Medios de Comunicación (VIGEM) da cuenta de que los partidos políticos en México no tienen como tal un apartado estatutario en el que se hable de los derechos de las personas con discapacidad, justificando que éstos prevalecen en la Constitución y van implícitos en los derechos de todas y todos los agremiados al partido.
Sin embargo, en una valoración autocrítica, algunos dirigentes partidistas señalan que no sólo deben de estar en los estatutos de los partidos, sino que el Instituto Electoral del Estado debe obligar a los institutos políticos porque, desafortunadamente, con las lagunas que hay en los estatutos, juegan con ello.
etp
