La fundación Gilberto Rincón Gallardo y cuatro personas con discapacidad, apoyados por la Clínica Estratégica de Derechos Humanos de la UASLP y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), interpondrán ante un juzgado federal de distrito tres amparos en contra del gobierno federal, debido a la omisión en la que ha incurrido al no haber designado al titular del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis).
Catalina Torres, de la fundación Gilberto Rincón Gallardo, así como Jesús Puente Martínez integrante del mecanismo de monitoreo, Manolo Montes de Oca, Estrella Orta y Servando Hernández Escandón, manifestaron que a nueve meses de haber iniciado la gestión de Andrés Manuel López Obrador se incumple con la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, al no existir en funcionamiento la Conadis, y en consecuencia no existe un Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
Además, solicitarán que la Secretaría del Bienestar pase a manos de la Secretaría de Gobernación para que deje de ser asistencialista y se convierta en defensora de los derechos humanos, pues apuntaron que los programas que impulsa la Federación para los jóvenes, como son las becas, o para solo un grupo reducido de personas con discapacidad, no resuelve de manera integral la problemática que vive este sector de la población, por lo que se necesita de una instancia constituida que trabaje de manera integral y genere política pública.
“Nos damos cuenta que hay programas para jóvenes como son becas para persona con discapacidad, pero deja fuera a personas de 30 a 60 años, esa brecha de edades está olvidada, de ahí la importancia de Conadis para echar a andar la política pública. Ha habido un rezago histórico pero ahora hay un retroceso, se cree que con dar becas a un sector de la población con eso se soluciona el problema de las personas con discapacidad, ellos no van a arreglar calles o transportes o hacer inclusivas las escuelas, podrán sobrevivir, no estamos en contra de los apoyos y las becas, pero hay que ir más allá y en lo que va de la administración no hay titular porque está en desaparición (Conadis) y es la única que hace política pública”, señaló Catalina Torres, de la fundación Gilberto Rincón Gallardo.
Los afectados señalaron que si la administración federal no acata estos ordenamientos internacionales y los que están enmarcados en la Ley de Personas con Discapacidad, habrá un retroceso en los pocos avances que se han alcanzado para la defensa de los derechos de este sector, particularmente en el caso de los niños con discapacidad, que enfrentan un futuro incierto si no existen los mecanismos de apoyo y asistenciales.
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