A pesar de que desde 2011 con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, el condicionar la obtención de un empleo con base en las cartas de no antecedentes penales está prohibido, e incluso hay una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en donde explícitamente concluye que hacerlo es violatorio a los derechos humanos de todas las personas, en San Luis Potosí se han expedido por motivos laborales más de medio millón de ellas desde hace una década.
De acuerdo a la respuesta a una solicitud de información emitida el pasado mes de abril, la Fiscalía General del Estado (FGE) de San Luis Potosí dio a conocer que entre el año 2011 y al cierre de 2020 se emitieron 593 mil 473 cartas de no antecedentes penales por motivos laborales, es decir que se las solicitaron en sus centros de trabajo.
Destacando que si hay otras situaciones por los cuales los potosinos han tramitado este documento, como es el caso de trámites en el extranjero que en el mismo periodo fueron tan sólo 344 y englobando otros motivos, solo fueron 2 mil 209, es decir la abrumadora mayoría sigue siendo por el tema laboral, en donde a pesar de ser una práctica violatoria de los derechos humanos, ya sea con intención o por costumbre los departamentos de recursos humanos en la entidad continúan solicitando el documento.
Dentro de estos datos aportados por la Fiscalía del estado, han ido en aumento los trámites de este tipo de cartas que expide servicios periciales de la Vicefiscalía Científica, tan sólo en 2013 se solicitaron 38 mil 843, para 2014 ya eran 57 mil 633, en 2016 llegaron a 75 mil 633 y 2017 fue el año en que más cartas se emitieron con un total de 98 mil 167, siendo evidente además que por motivos de la pandemia del Covid-19 a lo largo de 2020 sólo se emitieron 26 mil 979.
Sentencia de la SCJN
En enero de 2020 y luego de la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) demandando la invalidez del requisito de carta de no antecedentes penales que establece la Ley de Agentes Profesionales Inmobiliarios de Baja California Sur, por lo que resolvió como procedente y fundada la acción de inconstitucionalidad, puesto que esta disposición viola el derecho de igualdad, el derecho de no discriminación y el derecho de reinserción social que se establecen en la Constitución Mexicana, así como también estigmatiza, discrimina e impide la rehabilitación de una persona sentenciada por algún delito, de igual forma viola la libertad de trabajo consagrada en el artículo 5to de la carta magna.
“El Mijis” propuso eliminar la expedición de este tipo de documentos en SLP
En 2018, aún antes de tomar posesión como diputado local, Pedro César Carrizales Becerra, mejor conocido como “El Mijis”, se vio involucrado por una fuerte campaña mediática y en redes sociales en donde publicaban supuestamente sus antecedentes penales, a lo que respondió publicando en sus propias cuentas la carta de no antecedentes que él mismo tramitó ante la Fiscalía General del Estado.
Posteriormente y en este sentido, y ya como diputado local a finales de 2020 anunció que propondría una reforma al Código Penal del Estado, para que las personas privadas de su libertad que cumplan sus penas en prisión, puedan solicitar la cancelación de sus antecedentes penales así como prohibir la expedición de estos mismos documentos.
Explicó, que la gran mayoría de los infractores por delitos menores que acaban en la cárcel, al momento de “egresar” se topan con dificultades para conseguir un empleo a pesar de que en su gran mayoría son jóvenes, ya que sin excepción en todos los trabajos solicitan la carta de no antecedentes penales, por lo que su reinserción social se frustra lo que desafortunadamente en muchos casos los obliga de nueva cuenta a buscar el camino de la delincuencia simplemente para poder sobrevivir.
