La transición hacia una economía sin efectivo podría representar un desafío para las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMes) de San Luis Potosí, debido a que no todos los negocios cuentan con las condiciones tecnológicas necesarias para adaptarse a un sistema de pagos completamente digital, advirtió Imelda Elizalde, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra).

La discusión surge tras la entrada en vigor de la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de noviembre de 2026 y vigente desde el 5 de noviembre del mismo año.

Bajo este contexto la dirigente empresarial consideró que la medida, que busca acelerar la digitalización de las actividades económicas, tiene aspectos que deben revisarse antes de su aplicación generalizada, pues el desarrollo de las PyMes todavía presenta rezagos que podrían dificultar su incorporación a este modelo.

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Aunque reconoció que reducir el uso de dinero en efectivo puede contribuir a que las actividades comerciales se formalicen y a que las empresas tengan mejores condiciones para competir en el entorno internacional, señaló que no todas las regiones del estado están preparadas para realizar sus operaciones exclusivamente mediante herramientas digitales.

Por ello, consideró necesario establecer plazos de adaptación más amplios que permitan mejorar la cobertura de internet, así como acercar conocimientos y herramientas tecnológicas a los sectores de la población que todavía no tienen acceso suficiente a ellas.

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Explicó que mientras en las zonas urbanas existe mayor disponibilidad de conexión y familiaridad con el uso de teléfonos celulares para realizar transferencias y pagos digitales, en comunidades rurales y localidades alejadas estas condiciones son mucho más limitadas.

El reto, señaló, se concentra particularmente en los pequeños comercios y en las actividades de intercambio de bienes y servicios.

Como ejemplo, planteó las dificultades que enfrentaría un agricultor que comercializa sus hortalizas en una comunidad rural si tuviera que recibir sus pagos exclusivamente mediante plataformas digitales.

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El problema también alcanzaría a distintos proveedores de servicios que participan en las cadenas de suministro de la industria potosina, pues aunque las empresas de mayor tamaño cuentan con mejores condiciones para adoptar nuevas tecnologías, todavía existen negocios que necesitan avanzar en su formalización y preparación.

Elizalde advirtió que obligar a estos proveedores a abandonar el efectivo sin haber resuelto previamente sus carencias tecnológicas podría convertirse en un obstáculo para sus actividades productivas, en lugar de facilitar su incorporación a la economía digital.

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