Miembros de la organización Ciudadanos Observando exhibieron a través de redes sociales haber sido bloqueados digitalmente por la cuenta de Twitter del diputado Cándido Ochoa Rojas, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), lo que limita el ejercicio de la crítica hacia la labor del legislador.
Guadalupe González Covarrubias, vocero de Ciudadanos Observando, reveló que el legislador bloquea de sus redes sociales a todos aquellos usuarios de estas plataformas que lo critican, "de la organización de nosotros tiene bloqueados a tres compañeros y a la cuenta de Ciudadanos Observando (@CiudadanosObser)".
Y aunque bloquear a otros usuarios es un comportamiento común en el uso de las redes sociales, destaca que de acuerdo a resoluciones jurisdiccionales federales, esta práctica estaría prohibida para quienes ejercen el servicio público, como es el caso de quienes fungen como diputados.
De acuerdo a diversas resoluciones de tribunales federales en todo el país, al bloquear a los ciudadanos, los servidores públicos vulneran el derecho de acceso a la información de interés público, que se documenta a través de las publicaciones que realiza y "que reflejan la actividades llevadas a cabo en el ejercicio del puesto público desempeñado".
Un caso destacado al respecto fue el del alcalde de Nogales, Sonora, David Cuauhtémoc Galindo Delgado, a quien en 2017 se le ordenó desbloquear de su cuenta de Twitter a un ciudadano, luego de que este interpuso un amparo tras ser bloqueado.
Otro caso que relaciona directamente a legisladores es el de Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, quien bloqueo de sus redes sociales al periodista Luis G. Hernández, sin embargo fue desbloqueado horas después luego de que el comunicador advirtió que procedería legalmente si no podía revisar los tuits del legislador.
Estas resoluciones de juzgados federales avalan el derecho al acceso a la información de los usuarios de Twitter, sin embargo la discusión no ha llegado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, última instancia jurisdiccional, sin embargo sí se ha pronunciado en favor de garantizar el derecho al acceso a la información y a la libertad de expresión y su protección constitucional a través de tesis jurisprudenciales.
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