La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) ha lanzado un llamado contundente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que revise la sobrerrepresentación de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados, aprobada recientemente por el Instituto Nacional Electoral (INE).
El organismo empresarial, a través del presidente de la delegación en San Luis Potosí, Luis Gerardo Ortuño Díaz Infante, manifestó su preocupación por la sobrerrepresentación y señaló que esto "generará una distorsión en la composición del Congreso", lo cual puede comprometer la equidad y la pluralidad que la democracia ha logrado construir.
El presidente de Coparmex en el estado enfatizó la necesidad de que los magistrados del TEPJF actúen para proteger la voluntad expresada en las urnas durante las últimas elecciones federales.
"Es crucial que la representación en la Cámara de Diputados refleje fielmente los resultados de las urnas”, expresó el presidente de Coparmex.
La controversia surge a raíz de la reciente decisión del INE que permite a una coalición obtener el 73% de los escaños en la Cámara Baja, a pesar de haber obtenido sólo el 54% de los votos.
Según el titular de Coparmex, esta desproporción desvirtúa el principio de representación proporcional consagrado en la Constitución y "atenta contra el equilibrio democrático".
El titular de Coparmex subrayó que es necesario que el TEPJF realice una interpretación histórica y sistemática, del artículo 54 de la constitución ya que debe garantizar que los límites de sobrerrepresentación se apliquen equitativamente a todas las fuerzas políticas, ya sean partidos individuales o coaliciones.
"No podemos olvidar que hace algunos años, los partidos políticos se posicionaron durante largos periodos en el poder, afectando la dinámica democrática del país. Debemos evitar regresar a esas prácticas y asegurar que el Congreso sea un reflejo auténtico de la diversidad de nuestra sociedad", puntualizó.
Finalmente el dirigente empresarial subrayó que se mantiene la confianza activa en que los magistrados del Tribunal Electoral actuarán con integridad y responsabilidad, tomando una decisión que asegure una representación justa y equitativa en el Congreso.
