San Luis Potosí.- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado (SCT) presentó, ante la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, una denuncia penal por los posibles delitos de Cohecho, Ejercicio Indebido de Funciones, Abuso de Autoridad, Peculado, Uso Ilícito de Atribuciones y Facultades, así como Ejercicio Abusivo de Funciones en contra de gobernadores y funcionarios de primer nivel de las administraciones estatales 2009-2015 y 2015-202, y contra quien resulte responsable de los delitos por hechos de corrupción.
Derivado del proceso de entrega-recepción, al inicio de la actual administración, la dependencia detectó irregularidades en los contratos signados por anteriores gobiernos y en los gastos de ejecución del proyecto de transporte denominado Red Metro, que consiste en “dos corredores de transporte masivo en la zona metropolitana de San Luis Potosí”, cuya inversión estimada es de 640 millones de pesos en su totalidad.
Desde el 2010 el gobierno estatal realizó acciones para obtener financiamiento de diversos entes del sistema bancario para el desarrollo de las obras, logrando adquirir dos fideicomisos por las cantidades de 15 millones de pesos y 166 millones de pesos por parte de BANOBRAS, donde el Gobierno del Estado se comprometió a hacer aportaciones de la Hacienda Pública Estatal para el trámite de dicho proyecto.
La denominada “Red Metro” o “Metrobús” tenía como fin único lograr la construcción y funcionamiento de una nueva red de transporte masivo en beneficio de la sociedad potosina que habita la zona metropolitana y la cual implicaría la realización de diversas obras, vialidades, corredores especiales para el paso de los autobuses, terminales de transferencia, señalética, paradores, infraestructura peatonal y la adquisición de unidades denominadas BUS RAPID TRAFICC, entre otras acciones.
Fue en la entrega-recepción en esta nueva administración donde se observó que el proyecto no contaba con expedientes técnicos completos; de igual manera se detectó que se autorizó el pago total contratado para dichas obras, aún y cuando algunas de ellas no llevaban avance, es decir, cero por ciento, lo que supone un mal uso de los recursos públicos destinados al proyecto.
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Adicional a la revisión, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes llevó a cabo una revisión física de las obras contratadas, para verificar su realización, pero se encontró la no existencia del carril destinado para el tránsito de los autobuses BRT, así como la mayor parte del equipamiento contratado para la obra, incompleto en los términos del proyecto y en algunos casos inexistente.
Razón por la cual, el cuerpo jurídico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes solicitó a la Fiscalía General del Estado, iniciar una investigación para que se compruebe si existió o no la comisión de los delitos por parte de los exservidores públicos y de quien o quienes responsables de los hechos cometidos en agravio de la administración Pública del Estado de San Luis Potosí.
En la querella se incluyen los nombres de los exgobernadores, exsecretarios y exfuncionarios de primer nivel de la SCT; de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública; de la Junta Estatal de Caminos; y de empresarios de la construcción que posiblemente hicieron mal uso de los recursos desatinados a la Red Metro.
La SCT potosina dijo que compete a la Fiscalía General del Estado hacer las investigaciones correspondientes y determinar si hubo responsabilidad por parte de los implicados; sin embargo, subrayó que el actual gobierno se mantendrá vigilante de que se sancione a los presuntos responsables.
Asimismo, reiteró la política del mandatario Ricardo Gallardo Cardona, de ser implacables con la defensa del patrimonio de las y los potosinos, quienes han confiado en este nuevo Gobierno para lograr un cambio verdadero y para acabar con esta “herencia maldita”, por lo que continuará coadyuvando e impulsando diversas acciones legales en donde se presuma que exfuncionarios dañaron el patrimonio y la confianza del pueblo de San Luis Potosí.
