Una propuesta para reconocer el derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo de manera legal antes de las 12 semanas de gestación, ha sido presentada este viernes ante la Oficialía de Partes del Congreso del Estado. La promueven la legisladora Alejandra Valdés Martínez y la activista Arely Torres Miranda en colaboración con el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).
De acuerdo a la propuesta, que podría aparecer en la Gaceta Parlamentaria de la sesión de este próximo jueves 21 de marzo, pretende reformar los artículos 148, 149, 150 del Código Penal del Estado de San Luis Potosí; y adicionar diversas disposiciones a los artículos 57 y 58 y adicionar los artículos 58 Bis Y 58 Ter de la Ley de Salud del Estado de San Luis Potosí; con el objetivo de favorecer el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo a través de modificaciones normativas que dejen de criminalizarlas en su decisión de interrumpir el embarazo, así como el establecimiento de mecanismos sanitarios para la práctica libre y segura de éste”.
En la exposición de motivos se señala que con base en datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) México ocupa el primer lugar en embarazos en adolescentes, con una tasa de fecundidad de 77 nacimientos por cada mil adolescentes de 15 a 19 años de edad, con una tasa de natalidad al año de 340 mil nacimientos en mujeres menores de 19 años.
En la incidencia de embarazos, destacan los argumentos, un factor es la violencia de género ya que según cifras del Sistema para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (SIPINNA) el 70 por ciento de las niñas y adolescentes de entre 10 y 14 años, que tuvieron un hijo nacido vivo, reportaron que el padre tenía entre 18 y 78 años.
Informes de IPAS México, menciona que, durante los últimos 16 años se han registrado más de 3 millones 413 mil abortos legales entre mujeres de 10 a 44 años, lo que equivale a 200 mil servicios por año en hospitales o clínicas del IMSS, ISSSTE, institutos nacionales y servicios locales. Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil, con base en datos del Consejo Nacional de Población, cifran entre 750 mil y un millón de abortos anuales los que se realizan en la clandestinidad en todo el territorio nacional, lo cual quiere decir que 8 de cada 10 mujeres no tienen acceso a la interrupción legal y segura del embarazo.
Por estas y otras razones las promoventes consideran necesario reformar las leyes locales con el objetivo de ofrecer espacios seguros donde las mujeres puedan llevar a cabo la irrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, además para garantizar el acceso a las mujeres a este procedimiento establecen que la Secretaría de Salud deberá contar con un padrón de profesionistas médicos que no sean objetores de consciencia dejando la responsabilidad en el gobierno del estado para la difusión de dicho padrón en la totalidad de las unidades médicas. Además añade que cuando la interrupción de embarazo tenga el carácter de urgente para salvaguardar la vida y/o a la salud de la mujer, no podrá invocarse la objeción de conciencia.
A esta iniciativa se sumará la anunciada por el diputado Pedro César Carrizales Becerra y que presentará formalmente el próximo martes.
apl
