Otorgar servicios de seguridad social y esquemas de vivienda a personas en situación de cárcel que trabajen en empresas privadas, es un tema legislado desde 2016 en la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuya armonización tiene poco más de un año de retraso a nivel local, consideró Jorge Chessal Palau, experto en temas jurídicos.
Esta idea de propuesta, anunciada por Pedro Carrizales Becerra, diputado presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado ha sido objeto de críticas por quienes consideran que las personas en situación de reclusión no deben poseer los mismos derechos que las personas que no han sido procesados o sentenciados por la comisión de algún delito.
No obstante, Jesús Martínez, director de Renace San Luis Potosí, coincidió en que una iniciativa así es procedente y aclaró que aunque las personas procesadas y sentenciadas mantienen suspendidos sus derechos civiles y políticos, aún así generan actos civiles como casarse, divorciarse, incluso registrar hijos.
A su vez, José Mario de la Garza Marroquín, presidente de la Barra Mexicana de Abogados AC y del patronato de Renace San Luis Potosí consideró que dado que el tema es de carácter laboral y la federación es la que tiene competencia en la materia "no veo qué leyes de San Luis Potosí se puedan modificar".
Jorge Chessal Palau se dijo sorprendido por las críticas a la iniciativa en la que trabaja "El Mijis", "me llama porque esto ya está en la ley; me llama la atención las críticas que le han hecho porque está en la Ley Nacional de Ejecución Penal desde hace aproximadamente dos años y lo que no ha sucedido es que se hayan tomado las decisiones en la legislatura estatal para hacer las modificaciones que se tuvieron que hacer a la ley".
La Ley Nacional de Ejecución Penal, aprobada el 16 de junio de 2016 expone en sus artículos 91 y 92 que las personas privadas de la libertad tendrán acceso a seguros, prestaciones y servicios de seguridad social, con base en la legislación en la materia, cuyo ejercicio sea compatible con su situación jurídica.
Chessal Palau aclaró que a nivel local la armonización de esta ley nacional podría contemplarse en la normativa de funcionamiento y regulación de los centros de internamiento, materia que es facultad de las entidades federativas.
Consideró que las críticas hacía la idea de propuesta proviene del desconocimiento del tema, "es una iniciativa que de hecho tendría que haberse presentado hace tiempo (...) el decreto donde se expide esta ley marcaba un plazo para que hubiera la actualización de las leyes estatales y de las otras leyes federales que fuera necesario, de 180 días a partir del 16 de junio de 2016 (...) esto traería poco más de un año de retraso", aclaró.