Privilegiar a las empresas en los que trabajen personas con discapacidad cuando el sector público contrate servicios, es el objetivo de la propuesta de reforma de la legisladora Martha Barajas García, quien también preside la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Poder Legislativo.
La propuesta pretende la modificación de la Ley de Adquisiciones del Estado en su artículo 18 para agregar que las instituciones públicas deberán preferir a personas con discapacidad o a la empresa que cuente con trabajadores con discapacidad en una proporción del cinco por ciento, del total de sus trabajadores con antigüedad superior a seis meses.
Según la legisladora la posibilidad de que haya preferencia de este tipo de empresas sobre otras al momento de contratar un servicio, por parte del sistema público incentivaría la contratación de personas con discapacidad pues según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) actualmente en San Luis Potosí más del 7 por ciento de la población cuenta con alguna discapacidad.
Esta modificación pondría a San Luis Potosí en concordancia con la Ley Federal del trabajo.
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