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La diputada presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Gobierno del Estado, Alejandra Valdés Martínez presentó una iniciativa para que la prestación del servicio de transporte público sin contar con concesión o permiso alguno, sea un delito y no solo una falta administrativa, además de que deberá perseguirse de oficio.
La legisladora explicó que recientemente han surgido servicios de transporte digitales a través de aplicaciones como lo es Uber, que aunque tienen espacio en la ley de transporte del estado, no han querido apegarse a ella, que lo único que les pide es que se registren para que el estado pueda tener también un control de los choferes que participan en este tipo de plataformas.
Esta irregularidad es la que ha provocado que de manera constante se estén dando enfrentamientos cada vez más violentos entre operadores de taxi que si están legalmente constituidos y los de este tipo de aplicaciones que operan al margen de la ley, puesto que consideran que les están quitando un espacio de mercado a través de su operación ilegal.
Subrayó que entonces como parte de una medida cohercitiva para que Uber pueda por fin decidirse a llegar trabajar dentro de la legalidad, se estará apoyando a la SCT con esta modificación del Código Penal de San Luis Potosí, para que la detección de este tipo de transporte “pirata” sea perseguido de oficio por las autoridades.
Finalmente aseveró que se establecerá una pena de prisión de 3 a 5 años y una sanción pecuniaria de 300 a 500 Umas (alrededor de 40 mi pesos), así como la suspensión por un año del derecho de conducir cualquier tipo de vehículo, además en caso de reincidencia se podría imponer la revocación definitiva de la licencia de manejo.
gpl
