Rechaza gobierno de SLP instalación de confinamiento de residuos radiactivos en la entidad

Luego de que EL UNIVERSAL compartió el proyecto del Servicio Geológico Mexicano de habilitar un confinamiento de residuos peligrosos, este día, el secretario general de gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez descartó tajantemente que San Luis Potosí pueda convertirse en territorio para la ubicación de sitios de confinamiento de desechos industriales peligrosos y/o radioactivos, como lo sugiere el estudio del SGM.

En este sentido, aseveró que la administración estatal actual está completamente en contra de ello, postura que aseguró ya fue notificada a las autoridades federales.

Detalló “hay cero posibilidades, ninguna posibilidad, hace un par de semanas se dio a conocer este informe en donde se refiere que San Luis Potosí y otros estados pudieran ser viables para tener confinamientos de este tipo, pero nosotros de inmediato les enviamos una carta para rechazar esto y de hecho ya nos respondieron que solo era un estudio y que dada la postura del gobierno abandonarían el tema”.

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Recalcó que fue un asunto que de inmediato se atendió y se envió la postura por parte de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado “no volverá a ocurrir algo como lo de Metalclad en San Luis Potosí, lo tenemos bien claro” insistió.

Dentro de la respuesta que envió la dirección de Minerales Energéticos de la Secretaría de Economía al Gobierno Estatal se puntualiza que sólo se trató de un estudio para identificar sitios geológicamente adecuados para este tipo de confinamientos, no que hubiera un proyecto para instalar alguno en territorio potosino, asimismo se disculpan por no haber informado en su momento a la autoridad estatal de que estarían llevando a cabo este estudio ni del informe de resultados.

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Cabe recordar que el caso “Metalclad” tiene que ver con un confinamiento de residuos peligrosos que se construyó en los años noventa en Guadalcázar, San Luis Potosí con inversión de la empresa estadounidense Metalclad, sin embargo dada la presión de grupos ambientalistas y por el peligro que pudiera representar a la ciudadanía fue clausurado por las autoridades estatales y federales, lo que a la postre derivó en un litigio en donde en el marco del Tratado de Libre Comercio, el estado mexicano se vio forzado a indemnizar a la empresa con poco más de 16 millones de dólares.