Para sacar a la LXII Legislatura de la crisis que atraviesa actualmente por la denuncia de presunto cobro de “moches” a asesores por parte de legisladores, las fracciones parlamentarias deberían realizar un acuerdo político que regule el perfil académico y las actividades que deben cumplir las y los asesores contratados por honorarios.
Así lo consideró Oswaldo Ríos Medrano, analista político y quien ha sido coordinador de asesores del Poder Legislativo, tras mencionar que esta crisis no se superará con la evasión por parte de los legisladores a los medios sino con el comportamiento ético e irreprochable de los congresistas y con claridad en los términos de las contrataciones de este personal de apoyo.
Detalló que sí existe fundamento legal que faculte a cada uno de los diputados para disponer de recursos para la contratación de personal de apoyo a la labor legislativa, ya que la función de asesoría está contenida en la ley.
Abundó que hay dos tipos de personal de asesoría: el institucional que constituye al personal de base y/o sindicalizado y que se encarga de asesorar al legislativo en temas colectivos y garantizan el correcto funcionamiento del Poder Legislativo; luego están los asesores que cada congresista tiene en lo particular: su contratación deriva de acuerdos en la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) y si bien son pagados con recursos públicos, su contratación se justifica porque serían personas expertas en temas de agenda de cada diputado o diputada.
EMPLAZADOS A DENUNCIAR
“Aquí lo cuestionable”, sostuvo Ríos Medrano, “es que la labor de asesoría no se lleve a cabo y se simule una labor de asesoría parlamentaria con muchas personas que ni siquiera tienen el perfil profesional para llevar a cabo el trabajo y ocurre un –huachicoleo- legislativo” y que haya legisladores que “ven la asesoría como un sobresueldo poniendo a personas que dicen que hacen tarea de asesoría parlamentaria”, pero solo “se dedican a cobrar y entregar la mayoría del recurso al legislador”.
También cuestionó que se paguen cantidades de recurso estratosféricas a una persona que no reúne el perfil para llevar a cabo la tarea que se le encargue o bien que no realice la tarea y simule que la realiza para entregarle los recursos al legislador.
Acotó que en el caso que se ha hecho público, tanto el exasesor (Paul Ibarra Collazo) como la legisladora presuntamente involucrada (Alejandra Valdés Martínez), están emplazados a denunciar, “si ninguna de las dos partes procede legalmente y lo dejan en el plano de la guerra de lodo mediático, yo tendería a creer que los dos dicen la verdad y que nadie quiere ir al plano penal porque nadie tiene las de perder, el primero que presente la denuncia penal es el que dice la verdad”.
Aunque estimó que esto no es una práctica generalizada, sí apuntó que esto constituye una corrupción en dos vías, primero por parte de un asesor al que se le aumenta el sueldo de la noche a la mañana de 20 a 50 mil pesos mensuales y después por que habría una legisladora que lucra con recursos públicos y eso constituye un posible delito de peculado, lo que es lamentable porque daña la imagen de toda la institución, no solo de quienes participan.
SUELDO DECOROSO PARA ASESORES Y ASESORAS
Respecto de los recursos que se otorgan a cada legislador para la contratación de personal de asesoría particular, lo consideró normal y que ocurre en todos los congresos del mundo, sin embargo, la forma de medir la eficiencia de la aplicación de ese presupuesto sería la productividad legislativa, y con base en los resultados de la última evaluación de Congreso Calificado, que exponen que 15 de los 27 legisladores mantienen calificaciones reprobatorias, parece que solo un grupo limitado de legisladores realizan un trabajo rescatable.
“El resto tienen un trabajo de vergüenza, ni presentan iniciativas, ni esas iniciativas son de calidad, ni participan en el debate parlamentario, ni fijan posicionamiento en tribuna, no van ni siquiera a las comisiones, hay el caso de un diputado que ni siquiera va, a él también se le dan 80 mil pesos, yo preguntaría ¿qué hacen sus asesores?, esos 80 mil pesos son los más desperdiciados de todos”, sentenció.
Explicó que si bien la labor de asesoría está reglamentada por un “servicio parlamentario de carrera”, que establece condiciones de calidad mínima de lo que se tiene que hacer en el congreso, “lo que podríamos poner como candado para evitar que se presenten este tipo de fraudes o –huachicoleo-, es poner candados”.
Entre estos candados sugirió establecer una escolaridad y experiencia mínima para la contratación de perfiles, “esto limita a contratar a gente que está calificada y que no va a aceptar un sueldo de asesoría parlamentaria” que no implique un sueldo decoroso, además de reglamentar las actividades que pueden realizar los y las asesoras para justificar el pago que se les haga.
“Esto les permitiría salvar la crisis porque la crisis no se salva evitando declaraciones a los medios, la crisis del congreso se salva teniendo un comportamiento ético e irreprochable y definiendo con claridad los términos de las contrataciones”, concluyó.
maria.medrano@clabsa.com.mx
