Buscando que en infraestructura pública urbana, al igual que en las dependencias estatales se dé el cumplimiento de la norma para la accesibilidad de las personas con discapacidad, el DIF estatal ha girado una solicitud a la Secretaría de Finanzas para que se destinen recursos que sean utilizados en aplicar modificaciones o bien la construcción de rampas y de infraestructura diversa encaminada a este fin.
Al respecto la Dirección de Integración Social de Personas con Discapacidad que encabeza Guillermo Sánchez Berrones, señaló que si bien se ha estado avanzado en este rubro mediante la intervención del Consejo Técnico para Personas con Discapacidad y del Comité de Accesibilidad, aún se requiere desarrollar un mayor trabajo y es importante que cada una de las dependencias de gobierno tengan ya una infraestructura para este sector de población con base al tipo de servicios que ofrecen.
Agregó que de acuerdo al último ejercicio censal del 2010 enfocado a este sector de la población, se estima que en San Luis Potosí hay más de 110 mil personas con discapacidad, pero el DIF ha solicitado al Inegi que en la nueva medición se disponga previamente del personal especializado de este tipo de instancias para definir qué se considera una persona con discapacidad y establecer con ello datos más precisos, y ver cuántas personas en esta condición aún no tienen apoyos para poder avanzar en la inclusión.
Y es que se estima que la infraestructura urbana carece de condiciones adecuadas que permitan la libre movilidad de personas que requieren de una silla de ruedas o hacen uso de bastón o muletas, muchas de las banquetas están en malas condiciones, incluso complican el paso de cualquier persona; tal es el caso de las calles aledañas.
Tan solo en el tema de la educación por ejemplo, según datos del Plan Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018, la carencia de infraestructura especial impide a 565 mil niños con algún problema físico o mental acudir a la escuela, lo que se traduce en que sólo 39 por ciento de los menores –alrededor de 73 mil– puedan hacerlo.
Ante ello, se considera necesario que la población tenga la sensibilidad hacia este sector de la población, ya que hay muchas banquetas invadidas por estructuras de garrafones, lonas a una altura que impide la detección de personas con debilidad visual o ceguera; conminó a la sociedad y a las instancias de las tres órdenes de gobierno a ser conscientes de los riesgos que corren quienes tienen alguna limitante y salen a las calles con todo este tipo de obstáculos que todos propiciamos.
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apl