San Luis Potosí continúa rezagado en la implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y por Particulares, pese a que el plazo legal vence este 15 de septiembre.

Así lo advirtió en entrevista para EL UNIVERSAL San Luis Potosí, Edith Pérez, presidenta del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros, quien acusó a las autoridades estatales de “engañar abierta e impunemente” a las familias de víctimas.

De acuerdo con la activista, en noviembre de 2017 se incluyó en el artículo 68 de la citada ley la obligación para que los 32 estados del país contarán con una Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas.

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La norma, publicada en el Diario Oficial de la Federación en enero de 2018, otorgó un plazo de ocho años para que las entidades cumplieran con la creación tanto de las fiscalías como de las unidades de búsqueda. Sin embargo, hasta ahora solo 26 estados han cumplido, mientras que seis, entre ellos San Luis Potosí, han hecho caso omiso.

Edith Pérez recordó que hace apenas dos meses se aprobó una reforma a la ley, que reforzó este mandato con carácter presidencial. El decreto otorgó 30 días para constituir la fiscalía y otros 30 días para conformar las unidades especializadas.

“El límite era hoy y el Congreso local ha hecho caso omiso”, reprochó.

La representante del colectivo aseguró que a lo largo de los últimos años se han sostenido reuniones con legisladores, el Ejecutivo estatal y la Fiscalía General, pero todo quedó en palabras y fueron engañadas de forma “abierta e impunemente”.

“Nos decían que este mismo año iba a concretarse, incluso en eventos públicos se prometió. Yo misma entregué la iniciativa frente a la fiscal y a diputados, pero todos se lanzaban la responsabilidad unos a otros”, narró.

Según Pérez, la propia fiscal justificó que no podía crear la instancia por falta de recursos, cuando la obligación de asignarlos recae directamente en el Ejecutivo y el gobierno nunca liberó el presupuesto.

Ante esta situación, Voz y Dignidad por los Nuestros decidió interponer un amparo, el cual explicó tuvo que ser corregido tras un error notarial en la primera entrega, pero será presentado de nuevo esta misma semana. “El trámite es urgente y estamos a la espera de la resolución de la Judicatura Federal”, añadió.

Respecto a posibles movilizaciones, la dirigente señaló que todo dependerá de la respuesta: “De momento no planeamos marchas, estamos esperando que la autoridad federal nos dé la razón. Si el estado sigue sin cumplir, no descartamos acciones más visibles”.

La omisión legislativa y gubernamental mantiene a San Luis Potosí en la lista de entidades que aún no cuentan con una fiscalía especializada, a pesar de que el plazo legal y constitucional ya venció. Para las familias, la falta de esta institución representa no solo un incumplimiento formal, sino también la perpetuación de la impunidad en los casos de desaparición.

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