Entre huevazos y confrontaciones se vivió una de las últimas sesiones de la LXI legislatura potosina ante la inconformidad que ha generado en la ciudadanía las múltiples denuncias en contra de sus integrantes por presunto uso de empresas fantasma para la justificación de gastos y actos de corrupción para el blanqueamiento de cuentas públicas municipales.
En esta sesión se rechazó con 12 votos en contra y 11 a favor el decreto que buscaba expedir la Ley de Participación Ciudadana del Estado de San Luis Potosí, que entre otros, consideraba figuras como la revocación de mandato, el plebiscito y la consulta popular.
Se echó abajo también la iniciativa que buscaba que la elección del Fiscal General del Estado se diera a consulta con asociaciones de abogados con 14 votos en contra, ocho a favor y dos abstenciones.
Entre los dictámenes que generaron discusión se aprobó eliminar el uso de bolsas plásticas para el acarreo de productos en los establecimientos comerciales, así como de popotes plásticos y se determinó un plazo de un año para que las empresas transitaran a materias primas 100 por ciento biodegradables y compostables.
Con 20 votos a favor el Poder Legislativo autorizó al Gobierno del Estado afectar hasta el 2.5 por ciento mensual del Fondo General de participaciones, como fuente de pago a favor del ISSSTE, para cubrir a nombre y cuenta de la SEGE aportaciones y cuotas correspondientes hasta por la cantidad de un 1 mil 225 millones 906 mil 077.14 más intereses, actualizaciones y recargos respectivos calculados a la fecha de pago en términos de la ley del ISSSTE.
Asimismo con 20 votos a favor dos abstenciones y dos en contra se autorizó al gobierno del estado modificar las condiciones del título de concesión que otorgó el propio gobierno a la empresa Concesionaria de Infraestructura de San Luis S.A. de C.V. para operación, explotación, conservación y mantenimiento de las carreteras: San Luis Potosí-Rioverde y San Luis Potosí-Villa de Arriaga.
Con 69 puntos en la orden del día, el momento álgido de la sesión ocurrió cuando tras la discusión del punto 43 de la orden del día relativo al informe general de auditorías de las cuentas públicas ejercicio fiscal 2017, aprobado por 20 votos a favor dos en contra y una abstención.
El encono inició cuando desde el público asistente a la sesión fue arrojado un huevo que impactó cerca del legislador priista José Luis Romero Calzada, acompañado de la consigna “yo si tengo los huevos para aventárselos, qué les pasa (…) qué no van a escuchar a la ciudadanía”.
Fueron los legisladores Sergio Desfassiux Cabello del PRD y José Luis Romero Calzada del PRI, los que respondieron a los comentarios de los manifestantes, que entre otras cosas, argumentaron que esta legislatura “había dejado un mierdero”.
Incluso Desfassiux Cabello tuvo que ser persuadido y desalojado a través de una puerta lateral por personal del parlamento para evitar una confrontación a golpes con los manifestantes. Luego de esto José Luis Romero Calzada emitió amenazas en contra de los inconformes, “vas a ver el 15, les voy a dar a llenar”.
En entrevista aparte los aludidos, entre ellos Oscar David Reyes Medrano, vocero de la plataforma política Ganemos, argumentaron que hacen responsables de lo que pueda sucederles a los legisladores que emitieron amenazas en su contra y adelantaron que buscarán las medidas legales y jurídicas para revertir la aprobación del informe general de auditoría respectivos a las cuentas públicas ejercicios fiscales 2017.
apl