La Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Género del Congreso del Estado rechazó eliminar el requisito de solicitar carta de no antecedentes penales dentro del proceso para la selección de personas postuladas a puestos en el servicio público.
Tras la discusión entre congresistas integrantes de la comisión, se llegó a la conclusión de que cuando se trata de servidores públicos o funcionariado, está solicitud no es violatorio de derechos humanos sino por el contrario, garantizaría que los cargos se ocupen por “las mejores personas”.
Las iniciativas dictaminadas en contra fueron tres, de un paquete de 25 presentadas por la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN), en atención a observaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que señalan la necesidad de garantizar el derecho a la reinserción social efectiva cuando una persona ha cumplido con su sanción penal, para que pueda ejercer plenamente sus derechos, su libertad y su realización personal y la de su familia.
Las propuestas involucraban cambios a leyes de Archivo, Transparencia y del Sistema Estatal Anticorrupción.
Alejandra Valdés Martínez, vicepresidenta de la comisión, expuso como argumento a su decisión que “si se presenta el caso de alguien que ya robó del erario, lo mejor es que no pueda volver a trabajar en algo así".
Las propuestas con el dictamen en contra tendrán que ser presentadas ante el Pleno del Congreso del Estado para el análisis de quienes integran la LXII legislatura.
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