El Congreso del Estado requiere de un diagnóstico para determinar las prioridades en materia de armonización legislativa con los preceptos y tratados de los derechos para personas con discapacidad, señaló Germán Emmanuel Bautista Hernández, visitador adjunto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
En su visita a la entidad para participar en el taller Armonización Legislativa de la Convención sobre Los Derechos de las Personas con Discapacidad, detalló que a los legisladores asistentes (sólo tres) se les brindaron las bases para realizar el diagnóstico sobre armonización legislativa, sin embargo, no se concretó una agenda de trabajo por la ausencia de la mayoría.
Según el mecanismo para el seguimiento a la armonización normativa en derechos humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, San Luis Potosí cuenta con un 90.91 por ciento, no obstante, se ha mantenido estancado desde el primer análisis realizado en 2016.
Aseguró que “la idea es que se pueda trabajar, en el pleno, una propuesta de diagnóstico de las diferentes leyes para ver en qué medida las pueden armonizar con las diferentes leyes de las personas con discapacidad”.
Apuntó que en el estado de Baja California Sur se realizó este mismo ejercicio y en el Poder Legislativo de aquella entidad se planteó definir qué normativas tienen prioridad para la armonización, actualmente el ejercicio se busca replicar en San Luis Potosí y al parecer habría otro intento con el estado de Chihuahua.
Agregó además que este diagnóstico tiene que contar con información del entorno y si este es incluyente para personas con discapacidad, es decir, si los edificios cuentan con la infraestructura necesaria, o en el caso del acceso a la información si la página cuenta con herramientas que permitan que las personas con discapacidad accedan a ellas, por ejemplo, una guía narrada para el caso de personas ciegas o débiles visuales.
Ejemplificó que una de las sugerencias es que se establezcan sanciones para las autoridades que no “hagan los espacios accesibles para personas con discapacidad”, lo que obligaría a las instancias a cumplir con estas características.
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vkc