Una amonestación pública obtendrá el legislador Edgardo Hernández Contreras, al comprobarse que incurrió en violencia política de género cuando el pasado 25 de octubre, en sesión del pleno del Congreso del Estado, emitió comentarios agresivos en contra de su compañera Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez.
La sanción fue aprobada por el Tribunal Estatal Electoral en sesión realizada este miércoles 16 de enero, pero en la sentencia además contemplan otras acciones a realizar para evitar que este tipo de situaciones se repitan.
Entre ellas se requiere al Instituto de las Mujeres del Estado (IMES) para que brinde al legislador un curso de sensibilización de género y masculinidad; implementar acciones necesarias para transversalizar el tema de violencia política de género; y que el Poder Legislativo en tres meses, a partir de la notificación de la sentencia, evalúe la incidencia de violencia política en la institución y genere un protocolo de actuación para atender el tema
El proyecto estuvo a cargo de la magistrada Yolanda Pedroza Reyes, presidenta del Tribunal, pero durante la discusión del mismo el magistrado Oskar Kalixto Sánchez, señaló que estaba inconforme con la forma en que se realizó el mismo, por lo que se aprobó con dos votos a favor y uno en contra en particular del magistrado inconforme.
En entrevista luego de la sesión la magistrada Yolanda Pedroza, reconoció que sancionar la violencia política y en general las actitudes relacionadas con violaciones a derechos, son temas en los que hay aún una resistencia a interceder, “es que no debemos perder de vista que se trata de un diputado y una diputada, entonces de prevalecer los derechos del diputado de tenerlo bajo una esfera de no tocarlo porque está dentro del Congreso del Estado y por pertenecer a un organismo autónomo, entonces quiere decir que la diputada tampoco tiene un medio de defensa. Hay que verlo desde dos puntos de vista, creo que la diputada tiene el derecho de exigir que se le respete y hay las normas y un marco jurídico y México es parte firmante de tratados internacionales que obligan al Estado Mexicano y cualquier autoridad es competente para salvaguardar los derechos humanos de una persona”.
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