La indignación y el temor de que el caso quede impune llevaron nuevamente a la familia de Silvia Gómez a alzar la voz, luego de que un juez concediera prisión domiciliaria a Olegario “N”, señalado como presunto responsable de su feminicidio, ocurrido en junio de 2017.
Sus familiares exigen que regrese a prisión preventiva, pues temen que vuelva a escapar de las autoridades.
Arcelia Gómez Cervantes, hermana de la víctima, manifestó su inconformidad con la resolución judicial y reprochó que, después de casi nueve años sin obtener una sentencia, el imputado pueda continuar su proceso fuera de un centro penitenciario.
“No es posible que él, siendo el presunto responsable, tenga más derechos que nosotros, que somos las víctimas. Estamos aquí para pedir justicia y que lo regresen a prisión”, expresó.
El caso se remonta al 9 de junio de 2017, cuando Silvia Gómez desapareció mientras se dirigía a su trabajo.
Durante 15 días su familia desconoció su paradero, hasta que el 24 de junio su cuerpo fue localizado enterrado en un terreno de la colonia Primero de Mayo, en San Luis Potosí.
De acuerdo con el testimonio de Arcelia, la madre de Olegario acudió ante las autoridades y reveló que su hijo había privado de la vida a Silvia y ocultado su cuerpo en ese predio.
La familiar también señaló que, inicialmente, les hicieron saber que la víctima habría fallecido por un infarto; sin embargo, aseguró que la autopsia estableció que presentaba un golpe en la sien.
La hermana de Silvia recordó que, después de los hechos, Olegario “N” permaneció prófugo durante aproximadamente seis años en Estados Unidos, hasta que fue detenido en 2023.
Según relató, la propia familia tuvo conocimiento de su captura a través de una publicación en Facebook, pues no recibió previamente una notificación de las autoridades.
La detención ocurrió el 1 de agosto de 2023 y posteriormente fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio.
Sin embargo, Arcelia cuestionó que el procedimiento judicial se haya prolongado durante años, situación que atribuyó a los distintos amparos promovidos por la defensa del imputado.
“Llevamos años esperando que se haga justicia. Hubo amparos tras amparos y aunque las pruebas estaban en el expediente, nunca llegó una sentencia”, reprochó.
La familia también manifestó sentirse desprotegida durante el desarrollo del proceso, pues considera que no ha recibido información oportuna sobre las decisiones que involucran al señalado.
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Para Arcelia, la prisión domiciliaria representa un nuevo motivo de incertidumbre, particularmente por el antecedente de su fuga al extranjero.
Ante esta situación, hizo un llamado al gobernador Ricardo Gallardo Cardona y a las autoridades encargadas de procurar justicia para que atiendan su exigencia y revisen las condiciones en las que el imputado continuará su proceso.
La hermana de la víctima advirtió que no dejarán de manifestarse hasta obtener una respuesta y recordó que desde 2017 realizaron movilizaciones para exigir avances en la investigación, debido a lo que consideraban falta de resultados por parte de las autoridades.
“Si es necesario volver a salir a las calles, lo vamos a hacer. No queremos que le den libertad a esta persona; queremos justicia para mi hermana”, sostuvo.