Lo que comenzó como un acuerdo para reducir las barreras económicas que enfrentan las personas trans y no binarias al momento de reconocer legalmente su identidad de género se ha convertido en un nuevo reclamo de la comunidad LGBTIQ+, de acuerdo a los señalamientos, en el registro civil se instauró de nueva cuenta el cobro por este tipo de trámites.
El colectivo Todes Trans SLP denunció que el Registro Civil nuevamente está solicitando el pago completo por este procedimiento, pese a los mecanismos que autoridades estatales y activistas habían establecido meses atrás.
A través de un posicionamiento público, la colectiva señaló que actualmente una persona que busca realizar la modificación de sus datos personales conforme a su identidad de género autopercibida debe cubrir mil 542 pesos, cantidad que, aseguran, contradice el esquema de reducción económica que había sido acordado.
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El reclamo ocurre después de varios meses de reuniones, negociaciones y jornadas de atención sin costo, por lo que la organización pidió conocer qué ocurrió con los compromisos asumidos por las instituciones y por qué dejaron de aplicarse las alternativas que habían permitido disminuir o eliminar el pago.
El antecedente se remonta a enero de 2026, cuando Todes Trans SLP, junto con otras organizaciones y personas defensoras de derechos humanos, manifestó su rechazo al cobro de 10.52 Unidades de Medida y Actualización (UMA) establecido para el trámite denominado “Modificación de Datos Personales en las Actas del Estado Civil conforme a la Identidad de Género Auto-Percibida”.
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La organización consideró entonces que vincular el acceso al reconocimiento jurídico de la identidad con la capacidad económica de cada persona constituía un obstáculo para ejercer un derecho, por lo que planteó la necesidad de establecer mecanismos de gratuidad, subsidio o exención.
Como consecuencia de esa presión, el 26 de febrero se llevó a cabo una mesa de trabajo con funcionarios de la Secretaría General de Gobierno, entre ellos Miguel Ángel Méndez Montes, subsecretario de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos, y Verónica Onofre Serment, directora general de Derechos Humanos y Políticas Públicas.
De ese encuentro se desprendieron dos alternativas: aplicar una disminución de 50 por ciento en el costo cuando el procedimiento se efectuara directamente en la Dirección del Registro Civil y organizar jornadas especiales en distintos municipios para que el trámite pudiera realizarse gratuitamente.
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Las medidas comenzaron a ponerse en práctica durante abril y mayo.
De acuerdo con la colectiva, hubo jornadas sin costo los días 7 y 30 de abril, además del 5, 13 y 26 de mayo.
Para Todes Trans, estas acciones demostraron que las instituciones cuentan con posibilidades administrativas para reducir las dificultades económicas que enfrenta la población trans al momento de obtener documentos acordes con su identidad.
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Sin embargo, la organización acusa que las medidas dejaron de aplicarse sin que hasta ahora se les haya explicado de manera formal si fueron suspendidas, modificadas o concluidas, ni bajo qué disposición se tomó esa decisión.
El caso más reciente, señalaron, vuelve a evidenciar la incertidumbre.
Una persona acudió posteriormente a las oficinas del Registro Civil y se le requirió cubrir la totalidad del procedimiento, es decir, mil 542 pesos.
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La colectiva sostuvo que el problema no se limita al monto que se cobra, sino a la ausencia de reglas permanentes que permitan a las personas conocer con anticipación cuánto deberán pagar y bajo qué condiciones podrán acceder al trámite.
También cuestionó que las acciones institucionales se queden en reuniones, mesas de diálogo o publicaciones en redes sociales si éstas no terminan por reflejarse en cambios concretos para quienes necesitan realizar el procedimiento.
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“Una política pública no puede medirse únicamente por el número de reuniones realizadas”, plantea la organización en su posicionamiento, al señalar que los avances en materia de derechos humanos deben traducirse en mecanismos que permanezcan y puedan ser utilizados de manera efectiva.
Todes Trans aclaró que no se opone a que las autoridades mantengan encuentros con otras organizaciones, colectivos o representantes de la comunidad trans.
Por el contrario, consideró que la diversidad de voces es necesaria, pero insistió en que las nuevas mesas de trabajo deben recuperar los acuerdos previamente construidos y darles seguimiento.
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La colectiva también recordó que la exigencia por eliminar obstáculos al reconocimiento de la identidad de género no se ha limitado al terreno político o social, sino que ha llegado a los tribunales.
Entre los procedimientos mencionados se encuentran los juicios de amparo 154/2026-1 y 279/2026, relacionados con disposiciones vinculadas con el reconocimiento de la identidad de género en San Luis Potosí.
Según el posicionamiento, dentro del amparo 279/2026 se obtuvo una medida cautelar con efectos restitutorios que permitió a personas trans continuar con los procedimientos correspondientes, mientras que en el expediente 154/2026-1 se obtuvo una resolución favorable respecto de disposiciones relacionadas con la modificación de actas de nacimiento conforme a la identidad de género autopercibida, aunque el asunto continúa sujeto a las actuaciones legales correspondientes.
Para la organización, el hecho de que haya sido necesario recurrir incluso a mecanismos constitucionales refleja que la discusión sobre el acceso al reconocimiento de la identidad de género no es un asunto aislado, sino parte de una demanda sostenida durante años.
Ante este escenario, Todes Trans SLP planteó una serie de exigencias a las autoridades estatales: transparentar qué ocurrió con los acuerdos establecidos en febrero, explicar las razones de cualquier cambio o suspensión y recuperar medidas que eviten que el factor económico impida a una persona acceder al reconocimiento legal de su identidad.
También pidió reactivar las jornadas gratuitas tanto en la capital como en los municipios, establecer lineamientos públicos y uniformes para el Registro Civil y avanzar hacia un esquema permanente que contemple implementación, seguimiento y participación efectiva de las personas trans y no binarias.
Finalmente, la colectiva demandó que el diálogo institucional tenga continuidad y que la apertura de nuevos espacios no implique dejar atrás compromisos adquiridos previamente.
Todes Trans reiteró su disposición a mantener el diálogo con las autoridades, aunque advirtió que continuará recurriendo a las vías sociales, políticas y jurídicas que considere necesarias para defender el reconocimiento de los derechos de las personas trans y no binarias.
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