El tráfico ilegal de personas en nuestro país y a nivel latinoamericano genera una derrama estimada en dos mil 500 millones de dólares y un promedio de cinco mil dólares por persona que es trasladada hacia los Estados Unidos, señaló la doctora Urenda Queletzú Navarro, profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).
Durante la presentación del proyecto de jurisprudencia sobre trata y tráfico de migrantes que se realizará junto a un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho en conjunto con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la especialista explicó que se analizarán los casos de tráfico de migrantes.
El análisis se realizará a través de los expedientes que guarda la Suprema Corte de Justicia (SCJN) y otras instancias institucionales encargadas de perseguir y sancionar el delito, con lo cual se construirá una plataforma cuyos datos más reales serán presentados en Viena hacia finales del presente año.
Queletzú Navarro dijo que actualmente existe una derrama económica fuerte que sigue impulsando el tráfico de personas y en San Luis Potosí se estima que es un lugar de tránsito para el caso de los migrantes y una zona de permanencia para la trata de personas a través de jornaleros o bien con fines de explotación sexual.
Ya que existen casos de personas, especialmente de la región Huasteca, que son trasladadas hacia la capital u otros estados para estos fines, además también influye la incidencia de niños que son objeto de desapariciones con fines de adopciones ilegales, tráfico de órganos o explotación sexual.
“La mayor parte de migrantes detectados provienen de Honduras, Nicaragua, Guatemala y El Salvador, y en promedio son personas de 15 a 25 años de edad, es decir, que muchos de ellos son jóvenes que están siendo desplazados por cuestiones de violencia en sus territorios, pobreza o desplazamientos forzados como en el caso de Colombia”, apuntó la doctora.
Además, señaló que el estudio permitirá conocer la capacidad de respuesta o el trabajo de las instituciones sobre el tema e incluso la corrupción que puede permear para que el negocio ilegal del tráfico de personas siga prevaleciendo.
“Por ejemplo los agentes migratorios pueden estar coludidos con el tráfico porque existen casos detectados que se derivan de accidentes en carretera en donde son detenidos por exceso de velocidad, pero no propiamente por una investigación que esté haciendo la autoridad, lo que habla de que existe de cierta manera.
Vamos a dar cuenta de cuál es la situación del tráfico de migrantes a nivel regional y cuáles deberían de ser las pautas institucionales que los estados tendrían que estar asumiendo para evitar la criminalización y atender las necesidades de los derechos humanos de las personas que está haciendo traficadas”, concluyó Queletzú Navarro.
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