Con más de tres horas de retraso, este martes se llevó a cabo la audiencia que solicitaron los tres detenidos por la tragedia en el antro Rich, quienes buscaban anular la medida cautelar de prisión preventiva.
En el encuentro el juez de la causa determinó diferir la audiencia hasta el próximo 16 de octubre, por lo que mientras tanto los tres involucrados permanecerán en prisión por dos meses más hasta que se reanude el proceso.
Durante la audiencia que duró apenas alrededor de media hora se especificó que la defensa no cuenta al momento con los requisitos para determinar la improcedencia de la prisión preventiva ni la solicitud de resolver a través de un proceso abreviado, ya que que hay varios pasos jurídicos que aún faltan por cumplirse.
Se reveló además que se adhirieron como víctimas otras ocho personas, que resultaron lesionadas en los hechos sucedidos a principios del mes de junio cuando una decena de jóvenes cayeron desde un tercer nivel, dos de ellos perdieron la vida y una joven continúa hospitalizada.
Asimismo se explicó que para que se pueda dar un proceso abreviado se tendría que garantizar la reparación del daño, sin embargo aún no se realizan los análisis de los daños, peritajes y el alcance que debería tener una eventual reparación, aunado a que propias víctimas han dado a conocer que no quieren un eventual procedimiento abreviado sino que los culpables paguen con pena corporal en prisión.
Los tres detenidos, son dos presuntos socios y propietarios del lugar, así como uno de los trabajadores del antro. Un hombre y una mujer fueron detenidos en el estado de Michoacán, mientras que un tercero en la capital potosina, los tres fueron puestos a disposición el 17 de junio, 10 días después de que ocurriera la tragedia.
La tragedia ocurrió el pasado 7 de junio en un centro nocturno de la capital potosina ubicado en la plaza Alttus al poniente de la ciudad, 2 personas de 21 y 17 años perdieron la vida al caer del tercer piso dónde se encontraba este establecimiento, además 10 jóvenes más resultaron lesionados debido al sobrecupo del lugar.
A partir de este suceso, Protección Civil comenzó con operativos de seguridad y esto dejó como resultado múltiples clausuras de establecimientos que no cumplían los requerimientos y las normativas de seguridad, por su parte la Fiscalía General del Estado inició con las investigaciones y mantiene en prisión a 3 personas implicadas, dos presuntos directores administrativos, así como el gerente del lugar.