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El 13 de noviembre de 2022 marcó el día más doloroso en la vida de Luz Daniela. Su bebé, que había nacido apenas ocho días antes en el Hospital General Zona No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicado en Av. Nicolás Zapata num. 203, falleció tras complicaciones derivadas, según denuncia de una cadena de omisiones y negligencias médicas.
Hoy, casi tres años después, fue la primera ocasión en que autoridades del IMSS accedieron a escucharla.
Su historia, como la de muchas mujeres, ha permanecido en la sombra burocrática y legal, mientras el duelo se mezcla con la búsqueda incansable de respuestas.
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“Me dijeron que mi hijo necesitaba cirugía urgente. Así me lo dijeron: urgente. Pero no hicieron nada por horas. Solo lo mantuvieron con suero”, relató Daniela, visiblemente afectada.
La intervención fue pospuesta en dos ocasiones; primero, porque no había insumos médicos, y después, por la falta de personal especializado. Cuando finalmente se reagendó, el estado de salud del bebé ya se había deteriorado gravemente.
El pequeño fue trasladado a una sala de cuidados críticos sin que la madre recibiera información clara sobre su condición. “Pasaron horas sin que supieran siquiera en qué sala estaba mi hijo, nadie me decía nada”, lamentó.
La intervención quirúrgica se realizó tarde, bajo condiciones que aún hoy generan más preguntas que respuestas. Daniela, aseguró que fue obligada a firmar un documento de autorización para el uso de anestesia sin conocer a fondo los riesgos. El cirujano, afirman, se retiró inmediatamente después de operar, sin brindar explicación alguna.
Horas más tarde, el bebé sufrió tres paros respiratorios, sin embargo, a la madre no se le notificó sino hasta varias horas después del primero, en una muestra más de lo que ella califica como desinformación y desinterés institucional.
El último paro respiratorio fue cerca de las 2:00 de la madrugada del 13 de noviembre y fue el que le arrebató la vida.
“No me querían entregar el cuerpo si no firmaba un acta de defunción que ni siquiera especificaba la causa del fallecimiento”, indicó la madre del bebé.
Finalmente, fue gracias a la intervención de la Fiscalía del Estado que se logró liberar el cuerpo ese mismo día por la tarde.
A casi tres años de los hechos, apenas este miércoles 6 de agosto se sostuvo la primera reunión formal con representantes legales del IMSS. En este primer acercamiento, se abrió la posibilidad de continuar el proceso legal con acompañamiento institucional, pero las trabas burocráticas siguen latentes.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) denunció que se ha mantenido oculto el expediente argumentando que está resguardado en oficinas centrales de la Ciudad de México.
El caso de Daniela ya está incluido en la Recomendación de la CNDH, donde se reconocen fallas en los protocolos médicos y omisiones que derivaron en el fallecimiento del menor.
“Queremos que los responsables enfrenten consecuencias, no solo por mí, sino por todas las madres que han pasado por situaciones similares”, exigió Daniela.
Junto a su abogada Sara Judit Pacheco, Daniela también buscará una reparación integral del daño, como lo establece la Ley General de Víctimas, que incluye no solo medidas económicas, sino una disculpa pública y acciones para evitar que este tipo de tragedias se repitan.
“Mi bebé no va a regresar, pero lo mínimo que merezco es saber que alguien se hará responsable. No solo por justicia, sino para que ninguna otra mujer tenga que vivir lo que yo viví”, concluyó.
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