Uber rechaza ser “ilegal” en SLP; esto respondió a campaña de la SCT contra apps de transporte

A través de un comunicado la empresa Uber México rechazó los señalamientos de la titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno del Estado de San Luis Potosí (SCT), Araceli Martínez Acosta, respecto a que se alista una campaña para evitar que la ciudadanía utilice servicio de transporte por aplicación al considerarlos "ilegales".

Uber sostuvo que la Ley de Transporte Público del Estado de San Luis Potosí es inconstitucional por atentar contra la libre decisión de las potosinas y potosinos para decidir cual sistema de transporte abordar.

Asimismo lamentó el uso de la palabra “ilegal” por parte de la funcionaria, para referirse a la plataforma Uber y otras que operan en el estado, pues señaló que esto, además de ser incorrecto, estigmatiza a los socios conductores y confunde a los usuarios de la aplicación.

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Cabe recordar que esta misma semana la titular de la SCT dio a conocer que la administración estatal prepara una campaña mediática con la finalidad de que la sociedad potosina evite el uso de transporte por aplicación tipo Uber o InDriver, por considerarse 'ilegales' en San Luis Potosí.

Martínez Acosta explicó que existe un riesgo real para los usuarios de este tipo de plataformas, puesto que la SCT no cuenta con datos de los socios conductores ni de sus vehículos, mucho menos cuentan con seguros que puedan responder en caso de que exista algún incidente como ya ha sucedido en el pasado.

De igual manera, refirió que ya se ha insistido en más de una ocasión con las empresas de estas plataformas digitales, la mayoría de ellas de capital extranjero y se han negado a cumplir con la normatividad de la Ley Estatal de Transporte que sí contempla esta modalidad bajo ciertos requisitos, por lo que han dejado en indefensión a usuarios y socios conductores.

También sostuvo que hay una propuesta para una modificación legal por parte del Congreso del Estado para que sean los propios socios conductores los que puedan regularizar su situación directamente ante la SCT y no dependan de las decisiones de la empresa trasnacional con la que colaboran.

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