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La secretaria de Comunicaciones y Transportes de San Luis Potosí, Araceli Martínez Acosta, urgió al Congreso del estado a legislar para que se pueda sancionar a las plataformas de transporte por aplicación, tipo Uber o InDriver, que se niegan a cumplir con la normativa y operan en la ilegalidad, arriesgando la seguridad de sus socios conductores y usuarios.
"Ya no es tiempo de más diálogo", sentenció.
La funcionaria señaló que “En estos momentos, lo importante es legislar para que se pueda sancionar a estas empresas ante el incumplimiento de las leyes locales, buscamos una reforma que las sancione por el incumplimiento y por la falta de registro”.
Araceli Martínez refirió que, actualmente y desde que se incluyó la figura de redes de transporte, para operar legalmente en San Luis Potosí primero las empresas deben de registrarse ante la SCT y, a su vez, ellas inscribir a sus “socios conductores” como les llaman, pero que en realidad son sus trabajadores.
Dijo, además, que el conflicto que existe con los taxistas no es por el hecho de que opere otra modalidad como tal, sino porque no están pagando ningún tipo de impuesto y hay una gran cantidad de vehículos ofreciendo el servicio.
Por ello, explicó que en la reforma se incluiría que el número autorizado de unidades esté sujeto a un estudio de necesidad, al igual que sucede con la entrega de concesiones de taxis.
Añadió que también se está poniendo en riesgo a la ciudadanía porque al no tener un registro, no se cuenta con un padrón, entonces el estado desconoce quiénes son las personas que están brindando el servicio y, por tanto, puede representar un riesgo para los usuarios: “No generalizamos, pero ya se han tenido algunos casos muy lamentables de hechos delictivos en el contexto de un viaje en una de estas unidades", recordó.
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