Para ampliar el catálogo de servidores públicos que podrían ser sujetos a juicios políticos, el legislador Oscar Vera Fábregat presentará una iniciativa este jueves 28 de marzo de acuerdo al contenido de la Gaceta Parlamentaria para la sesión ordinaria número 21.
Para ello, el diputado busca reformar el artículo 126 de la Constitución Política del Estado Libre y soberano de San Luis Potosí, en donde actualmente están contemplados como sujetos de este procedimiento los diputados, magistrados, consejeros de la judicatura, jueces de primera instancia, secretarios de despacho, auditor superior del estado, fiscal general del estado, fiscales especializados en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción y en delitos electorales.
También se incluyen a subsecretarios, directores generales o sus equivalentes de las dependencias y entidades paraestatales y paramunicipales, titulares de los organismos constitucionales autónomos, así como los presidentes municipales, regidores y síndicos.
La propuesta del cuatro veces diputado local por la vía plurinominal agrega al catálogo al gobernador del estado, jueces menores, secretarios de despacho, presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, sociedades y asociaciones asimiladas a estas y fideicomisos públicos; consejero presidente, consejeros electorales y el secretario ejecutivo del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana; magistrados del Tribunal Electoral del Estado; integrantes de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública; consejero presidente y consejeros de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Dentro de la exposición de motivos, el legislador detalla que hay servidores públicos que solo están contemplados dentro de la Ley Federal como susceptibles de responsabilidades y añade que se busca incluir aquellos que por la relevancia del cargo y facultades constitucionales tienen funciones de tal importancia que sus actos pueden afectar los intereses públicos fundamentales de la colectividad y puedan ameritar una sanción que consista su destitución e inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público.
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