Ante el “alud de amparos” que se prevén por la reciente aprobación de una ley que restringe la operación de plataformas tipo Uber en la entidad, una salida sería el veto que es facultad del gobernador del estado, consideró el abogado José Mario de la Garza Marroquín.
Apuntó que desde 2014 la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) emitió un documento con recomendaciones sobre los aspectos a regular en la operación de plataformas digitales de transporte y que se contravienen con las reformas al Código Penal y Ley de Transporte del Estado, pues el documento sugiere esquemas que no afecten la libre competencia, la movilidad y las opciones de transporte para la ciudadanía.
“Me parece que se elaboró la legislación superficial, a la ligera con un tinte político, sin tomar en cuenta que afecta a los ciudadanos y a los esquemas de competencia que están regulados en la constitución en el artículo 28”, apuntó.
Refirió que parece que las y los legisladores no se tomaron el tiempo de leer estos documentos “a pesar de los millones de pesos que cuesta el Congreso del Estado, si están legislando por lo menos deben investigar qué se ha dicho de este tema y en vez de restringir las opciones, generar acciones que beneficien a los ciudadanos, qué lamentable que tenemos un congreso que elegir de tan baja calidad”, reiteró.
Refirió que si bien tras la publicación y entrada en vigor de la norma, se pueden promover juicios de amparo por parte de los conductores y usuarios de estas plataformas, no es lo ideal, ya que se generaría un desorden al haber conductores protegidos y otros no.
Consideró que el veto del gobernador podría ser una buena salida y una oportunidad para que las y los legisladores rectifiquen y opten por esquemas de regulación de protección y certeza a los usuarios como se ha hecho en otras partes del mundo, contrario con la legislación lograda en la entidad.
“Sí pueden regularlo, pero la regulación tiene que ser propositiva para que exista la competencia, pero lo que estamos viendo aquí es ponerle una serie de trabas y restricciones artificiales para que no operen; la manera en que lo legislaron es para que las plataformas no puedan operar y afecta a los ciudadanos”.
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