La exdiputada local Dulcelina Sánchez de Lira fue vinculada a proceso este viernes en audiencia pública en los juzgados de juicio oral contiguo al Centro Penitenciario de “La Pila”, en donde el juez de control encontró elementos para que se investigue a la exlegisladora perredista por los delitos de peculado y falsificación de documentos.
De acuerdo a lo dictado por el juez, se abre ahora un periodo de cinco meses para que la Fiscalía General del Estado (FGE) pueda llevar a cabo las investigaciones y hacerse de las pruebas necesarias que puedan presentarse ante la autoridad judicial y determinar la culpabilidad de Sánchez de Lira, luego de la denuncia de un particular, cuyos datos personales y documentos falsos habría utilizado la entonces diputada, para simular la donación de más de 50 mil pesos autorizados por la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la legislatura pasada.
Al respecto, José Guadalupe González, de la organización Ciudadanos Observando, comentó que ven esta vinculación como un primer paso “y es de aplaudirse porque nunca había sucedido algo así”. Siendo los casos de Mariano Niño y ahora de Dulcelina Sánchez las primeras vinculaciones a proceso en contra de exlegisladores.
No obstante, señaló que esto no elimina que la FGE haya sido omisa y actuado con letargo en contra de los exlegisladores, puesto que esta vinculación estaba lista para principios de 2019 y ahora ya está por concluir el año, asimismo, el caso del exdiputado José Luis Romero Calzada es muy similar e incluso más grave, que por alguna razón, probablemente dolosa, no ha sido siquiera notificado.
Finalmente, manifestó que lo más probable es que la FGE siga “dándole largas al caso” y que probablemente lo único que se obligue a Sánchez de Lira es a devolver el monto erogado a las arcas del Congreso del Estado, sin embargo, advirtió que al menos es un precedente. También señaló que ya se interpusieron las denuncias ante la Unidad de Inteligencia Financiera del Servicio de Administración Tributaria (SAT), encabezada por Santiago Nieto, por la utilización de empresas que simulan operaciones, conocidas como “factureras” o “empresas fantasma”, delito que ahora es considerado como delincuencia organizada.
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