Estado | 01-02-19 | 08:17 | Actualizada | 01-02-19 | 08:21 |

En los últimos días la violencia política por razón de género se ha convertido un tema recurrente, debido a las múltiples denuncias que surgieron por esta causa, además de sanciones emitidas por parte de organismos electorales y partidos a quienes se les comprobó conductas de este tipo.

Sin embargo, aunque más mujeres participantes en la política se atreven a denunciar, conseguir una sanción para quienes incurren en estas prácticas es complicado en una entidad en la que no está tipificada la violencia política como delito.

Hasta octubre del 2018, solo nueve estados habían tipificado en sus códigos penales la violencia política en razón de género: Ciudad de México, Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz y Zacatecas.

 

En la entidad potosina actualmente hay dos iniciativas que buscan la tipificación del delito una de ellas presentadas por Sonia Mendoza Díaz, diputada presidenta de la directiva del Congreso del Estado que propone tipificar los tipos de violencia ejercida contra la mujer y sancionarlos de acuerdo a estos con hasta seis años de prisión.

 

Otra iniciativa la propone Alejandra Valdés Martínez, vicepresidenta de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos, quien también propone sanciones similares a las de su compañera y la integración del delito en el código penal del estado.

 

Alejandra Valdés Martínez, es una de las políticas que ha denunciado ser víctima de violencia política por razón de género, una de estas denuncias habría cumplido un año en la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido Morena, en donde incluso se han emitido resoluciones en contra de Gabino Morales Mendoza, coordinador de programas sociales de desarrollo, pero de su caso no ha sabido nada.

“Lo presenté desde febrero el año pasado que iniciaron las campañas que a mí me nombraron diputada plurinominal, desde ese tiempo lo presenté, ya que a mí me quisieron bajar de la candidatura”, recordó la diputada quien consideró “mi proceso se quedó allí estancado”.

Dijo que, incluso, presentó solicitudes para conocer el avance de la indagatoria, pero no recibió información al respecto, apuntó que presentó la queja ante las autoridades electorales locales, pero no “puede avanzar mucho” la queja debido a que la violencia política en razón de género no está tipificada.

Según los datos proporcionados por Denisse Porras Guerrero, consejera presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y Violencia Política del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) se tiene conocimiento de 6 casos de violencia política de género, de estos, tres corresponden a diputadas integrantes del Congreso del Estado, y los tres casos restantes son de mujeres que integran algún ayuntamiento.

De acuerdo a personas expertas en la materia la tipificación de estas conductas debería iniciar con el establecimiento de protocolos de violencia política, diagnósticos e incluso plantear la posibilidad de nulificar elecciones por esta causa.

vkc

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