Violencia vicaria, una de las formas más crueles de violencia de género, señala especialista de la UASLP

La violencia vicaria, recientemente tipificada en el artículo 207 del Código Penal del estado de San Luis Potosí en mayo de 2025, es una de las expresiones más crueles y menos comprendidas de la violencia de género, según investigaciones realizadas en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).

Este tipo de violencia se manifiesta cuando una persona usualmente el padre, agrede a niñas, niños y adolescentes con el objetivo de causar daño psicológico o emocional a la madre.

Aunque su impacto principal recae sobre las mujeres, esta forma de violencia no se ejerce directamente contra ellas, sino contra sus hijas e hijos.

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Entre las manifestaciones más frecuentes se encuentran la manipulación emocional, la alienación parental, la retención ilegal, el secuestro, amenazas de muerte, daño físico y falsas denuncias para obtener la custodia.

De acuerdo con la UASLP, uno de los principales retos para el sistema judicial es la dificultad para identificar y probar este tipo de agresiones, ya que muchas veces se presentan de forma encubierta.

En este contexto, el uso de medios de prueba adecuados, así como la aplicación efectiva de protocolos de actuación y principios jurídicos como el interés superior de la niñez y el principio pro persona, resultan fundamentales.

Sin embargo, los académicos de la autónoma mencionan que a pesar de los avances legislativos, el sistema de justicia enfrenta desafíos importantes debido a la falta de recursos, capacitación y herramientas especializadas para abordar adecuadamente esta problemática.

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Esta situación podría llevar a la reproducción o incluso a la normalización de la violencia vicaria dentro del propio aparato judicial.

Desde el enfoque de género, la violencia vicaria es entendida como una extensión del control patriarcal que persiste incluso después de la separación de la pareja.

Las investigaciones universitarias insisten en la necesidad de colocar a las infancias en el centro de las políticas públicas y judiciales, con el fin de garantizar su derecho a una vida libre de violencia y prevenir daños emocionales severos que podrían marcar su desarrollo.