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El Ayuntamiento de San Luis Potosí interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por las anomalías y presuntos hechos delictivos en la que sería la rehabilitación de la avenida Fray Diego de la Magdalena contra quien resulte responsable por el daño al erario público, pese a ser una obra pagada pero que nunca se llevó a cabo.
En rueda de prensa, la síndico Alicia Nayeli Vázquez Martínez, el contralor interno José Mejía Lira; y el secretario general, Sebastián Pérez García, confiaron en que la autoridad correspondiente aplique las sanciones correspondientes, toda vez que se confirmaron irregularidades como: declarar licitaciones desiertas, descalificación de empresas que ofrecían mejores condiciones para este proyecto; y finalmente empresas fueron subcontratadas desde el estado de Puebla.
Esta obra que nunca se llevó a cabo, pero que sí se pagó, ya fue revisada por la Contraloría del Estado, la Secretaría de la Función Pública, así como por la Auditoría Superior de la Federación.
Se expone que de los montos, resaltó compras anticipadas de material de construcción que no están disponibles que rebasan los 55.7 millones de pesos; subcontrataciones por más de 42.3 millones; hubo liquidaciones indebidas que superan los 525 mil pesos; un pago de impuesto que no está debidamente soportado por más de un millón 600 mil pesos; pagos indebidos por volúmenes de obra que rebasan los 2.9 millones de pesos y un costo de equipo por señalética que tampoco está disponible, lo que da un gran total de 106 millones 153 mil pesos, “de ahí que ante este cúmulo de anomalías se procedió a la denuncia penal para que la autoridad competente haga lo consecuente”, detallaron.
La Síndico, Alicia Vázquez reveló que desde el 30 de junio de 2017, el entonces Ayuntamiento recibió 130 millones de pesos para la citada obra; no obstante, luego de declarar desiertas las licitaciones, se adjudicó de manera directa a varias empresas que recibieron un anticipo de más de 112.9 millones de pesos; las cuales a su vez, subcontrataron servicios de manera ilegal. Y el 27 de septiembre de 2018, se firmó un finiquito de terminación anticipada de contrato, en el que ya no se reembolsó el millonario anticipo antes referido.
“Acompañamos la exigencia de la sociedad potosina de evitar malas prácticas, que se proceda en contra de quienes han dañado a San Luis Potosí, que en el caso de Fray Diego de la Magdalena está plagada de inconsistencias, además de mal utilizar millonarios recursos federales”, señaló Pérez García.
Agregó que para evitar que se repitan casos como éste, se aprobó el nuevo Reglamento de Control Interno, por lo que la actual administración impone candados que garantizan la transparencia y legalidad en obras, acciones y programas”, añadió.
Esta denuncia es la tercera que el actual ayuntamiento de la capital interpone contra la administración pasada.
apl
