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El presidente del Patronato de Renace Capítulo San Luis, José Mario de la Garza Marroquín, informó que la asociación civil que encabeza brinda acompañamiento jurídico a niñas y niños que a causa del feminicidio cometido en contra de su madre, quedaron en orfandad, por lo que fue presentado un juicio de amparo para visibilizar la omisión y dilación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de San Luis Potosí (CEEAV) de reparar integralmente el daño.
El feminicidio ocurrió en el mes de enero de 2018 en el municipio de Rioverde, en el estado de San Luis Potosí, después de que la víctima solicitó las medidas de protección al Ministerio Público y no fueron otorgadas.
A partir de esa omisión, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) reconoció que esa inacción de la Fiscalía General del Estado era una violación a su derecho a vivir una vida libre de violencia, considerándola víctima de violaciones a sus derechos humanos y sus hijos víctimas indirectas. Con ese carácter, fueron reconocidas por la CEEAV, sin embargo, hasta el día de hoy no han sido reparadas integralmente por este órgano.
José Mario de la Garza señaló que las niñas y los niños que han quedado en orfandad a causa de los feminicidios en el país, tienen el derecho a una reparación integral del daño, que les permita tener acceso a atención médica y psicológica, y a una calidad de vida. Sin el apoyo de las instituciones es difícil, enfatizó el presidente de Renace, pues datos recientes revelan en muchos de estos casos las niñas y niños quedan al cuidado de familiares que no tienen la solvencia económica para poder cubrir todas sus necesidades básicas.
En el caso de las niñas, se convierte también en violencia institucional, la cual según la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, son todos aquellos actos que obstaculicen el acceso a los derechos de las mujeres y a sancionar la violencia de género.
“Tenemos que evidenciar que la negligencia de las autoridades en temas relacionados con la violencia de género, es violencia institucional que debe de ser también erradicada; y que las víctimas de violaciones a derechos humanos están desprotegidas por los órganos que deberían de garantizarles una vida digna”, puntualizó.
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