Niega ayuntamiento exceso de uso de la fuerza pública en desalojo de exfuncionaria

En el desalojo de la exfuncionaria María Teresa Carrizales Hernández no hubo exceso del uso de la fuerza pública, aseguró el secretario general del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Sebastián Pérez García, quien señaló que la extrabajadora del municipio se introdujo a las oficinas de la Oficialía Número 11, violentando los herrajes de seguridad.

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Precisó que antes de la intervención de los agentes de Seguridad Pública Municipal se le notificó a Carrizales Hernández que debía abandonar el lugar porque estaba incurriendo en la infracción de allanamiento de área restringida, a la que ya no tenía acceso desde el momento de su baja el pasado viernes 28 de junio.

“En todo momento se ha actuado conforme a derecho, tanto en la remoción de la exfuncionaria pública como en la desocupación de la oficina”, precisó.

Dijo que la Policía Municipal hizo uso legítimo de la fuerza, debido a que la persona que fue desalojada incurrió en graves violaciones, que incluso, fueron turnadas a la Contraloría Interna, por tratarse de un asunto de carácter laboral.

Expuso que como parte de la reestructuración y luego de una revisión fueron identificadas irregularidades en la Oficialía Número 11, por lo que se procedió a la baja.

Por su parte, el director general de Seguridad Pública Municipal, Edgar Oswaldo Jiménez Arcadia, expuso que él acudió al lugar para supervisar que los procesos se realizaran con apego a la legalidad, y destacó que no se trató de un operativo sino de un apoyo a un acto administrativo del gobierno municipal.

“Ante la negativa de la infractora se procedió a retirarla de la oficina principal a cargo de mujeres policías que la llevaron a la patrulla en donde se le retiraron las esposas”.

Añadió que posteriormente se le trasladó a la barandilla municipal en donde fue certificada médicamente, en donde pagó la multa y se retiró.

El ayuntamiento capitalino aseguró que la actuación de las autoridades municipales se realizó con la presencia de representantes de las instituciones de Derechos Humanos, tanto estatal como municipal.