Más Información
María Teresa Carrizales Hernández, víctima de excesivo uso de fuerza pública por parte de elementos de la Policía Municipal capitalina acreditado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), al ser desalojada de la oficina en donde fungía como oficial del registro civil, anunció que presentará una solicitud de juicio político en contra del alcalde Xavier Nava Palacios.
Además solicitó la destitución inmediata de Sebastián Pérez García, secretario general de ayuntamiento y presentó denuncia ante la Fiscalía General del Estado en contra de la coordinadora de derechos humanos en la administración municipal, Olga Palacios, Luz María Lastras Ramírez, directora del Registro Civil, entre otros funcionarios.
La afectada consideró que estos hechos derivaron de la denuncia que realizó en contra del alcalde Nava Palacios por presuntos actos de corrupción y el cobro excesivo de algunos conceptos que ante la denuncia fueron “enmendados” en el mes de abril pasado.
La también abogada indicó que tras la denuncia fue citada el pasado viernes a la Unidad Administrativa Municipal por dos hombres identificados como ingeniero Trejo y un licenciado Cerda, quienes la amenazaron para que ofreciera disculpas al secretario general de ayuntamiento, de lo contrario el lunes ya no podría entrar a su oficina
Aseguró que ese mismo viernes fueron estas personas las que “violentaron las chapas de mis oficinas para que yo no pudiera entrar, el vienes en la tarde noche presento una denuncia por despojo, no sabía quién había sido, lo puse en contra de los presuntos responsables en mi papel de oficial del registro civil”, detalló.
Indicó que tras la denuncia, personal de la fiscalía le anunció que podría ingresar en su oficina a cambiar chapas y le asignaron una patrulla. Abundó que al abrir la puerta se dio cuenta que habían sido sustraídos artículos personales, entre ellos una computadora, una pluma montblanc y 20 mil pesos.
Reconoció que ante la incertidumbre por la sustracción de sus pertenencias decidió llevarse los sellos oficiales, pues consideró que ella es la única responsable de cada hoja valorada y sellada, también refirió que los documentos que se llevó se encuentran resguardados y no han sido robados o alterados.
Detalló que el día de los hechos se presentó a las 8:00 horas a laborar como lo hacía comúnmente. Fue a las 11:00 horas que se presentó en la oficina la licenciada Rocío Romo, oficial cuarta del registro civil, “diciendo que tenía el nombramiento” sin otra compañía y a través de una llamada en altavoz se comunicó con la directora del registro civil Luz María Lastras a quien se le informó de su negativa a abandonar la oficina.
“Entonces (Luz María Lastras) que si yo no me quiero salir que se implemente lo que se venía planeando con el secretario general y con el presidente municipal”.
Después de la llamada la licenciada abandonó la oficina y regresó en media hora con la presencia de una licenciada Nájera con Olga Palacios, coordinadora municipal de Derechos Humanos “que no se identificó, otra señorita que es Miriam, que la conozco por ser particular del secretario general Sebastián”, además del Comisario, “me dicen que van a desalojarme y me dicen que esto es a raíz de que yo no hago caso, a lo que en recursos humanos el ingeniero Trejo y el licenciado Cerda me habían dicho, que entonces si no me quería ir, me iba a ir por la fuerza”.
Dijo que conoce por información de la CEDH que su finiquito le fue depositado en su cuenta bancaria el pasado lunes.
Luego de las amenazas antes mencionadas, señaló: “no hay mucho que decir. Ahí están los videos, en el piso me golpearon, me dieron patadas, estoy lastimada de todo el cuerpo”, apuntó que durante los hechos ella les mencionó que es una persona enferma “que desde los 12 años sufro crisis epilépticas y estoy en remisión de cáncer cérvico uterino, ante lo que la licenciada de derechos humanos me dice que entonces le hubiera pensado dos veces”.
Manifestó que los hechos que consideró humillantes, continuaron hasta el exterior del edificio de departamentos en donde se encuentra su oficina y se detuvieron hasta que se hizo presente personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
También indicó que no solicita ser restablecida en su cargo dado que ella cuenta con un nombramiento desde el pasado día 20 del mes de diciembre del 2014, si bien, aclaró que hay una ley vigente desde 2015 que establece que el presidente municipal tiene facultad para destituir a oficiales de registro, esta aplica solo para los nombramientos realizados a partir del 1 de enero del 2015.
En este sentido, mencionó que la única forma en la que puede ser destituida es a través de un juicio de responsabilidad en el que tiene la posibilidad de defenderse y ser vencida y aún si es vencida cuenta con otras instancias para recurrir. Sin embargo, apuntó que presentó ante la fiscalía las denuncias correspondientes y promovió un amparo en materia laboral.
Refirió que nunca fue notificada de su destitución ni tampoco fue citada para llevar a cabo el proceso de entrega recepción, con lo que sugirió que el procedimiento de desalojo además de violatorio de derechos se llevó a cabo de manera irregular.
