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Cecilia González Gordoa, titular de la Dirección General del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), negó que la instancia a su cargo haya realizado pagos por cerca de 2.5 millones de pesos a empresas catalogadas como “fantasma”.
Esto luego del señalamiento realizado por la organización Ciudadanos Observando, en una de las investigaciones de la agrupación publicadas el pasado dos de enero, en la que asegura que de acuerdo con los datos que cuentan, instancias del Gobierno Estatal habrían erogado 243 millones de pesos a empresas “fantasma”.
La funcionaria estatal consideró “un poco tendenciosa la información”, pues aseguró que cuando la dependencia realiza alguna compra se hace una verificación con la contralora interna de Gobierno del Estado.
Incluso invitó a la organización Ciudadanos Observando a que les acompañen a realizar la verificación de las compras que realizan a empresas, que seguro están en el padrón de la Oficialía Mayor; instancia que cabe mencionar, también es señalada por Ciudadanos Observando como otra de las dependencias que realizó compras a empresas de dudosa existencia.
“A mí me gustaría acompañar a Ciudadanos Observando a realizar la verificación, que nos acompañe personal de la Auditoría Superior de la Federación y la Contraloría Interna”, retó.
Aseguró que recientes modificaciones a la Ley de Adquisiciones para el Estado de San Luis Potosí, obligan a las dependencias a realizar una verificación física de las empresas y grabar el proceso de adjudicación, por lo que, apuntó, no teme a una verificación a estos procesos.
Sigue la compra de Gobierno a empresas “fantasma”: CO
La organización Ciudadanos Observando, publicó el jueves pasado su primera investigación del año en la que refieren que durante el año 2018, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, realizó pagos por 243 millones de pesos a través de nueve dependencias y de la empresa estatal “Santa Rita”, a empresas denominadas fantasma.
Las aseveraciones de la organización se fundamentan en el Informe Final de Auditoría 2018 y la investigación de Ciudadanos Observando.
Cabe recordar que una “empresa fantasma” es una organización que se utiliza para simular operaciones empresariales, de servicios o productos, sin tener la capacidad de realizarlos, “es un delito federal que se castiga hasta con 7 años de cárcel, de acuerdo con el Código Penal.
En esta indagatoria los Servicios de Salud encabezan la tabla con el mayor monto de operaciones realizadas por mil 317 millones de pesos a 18 empresas presuntamente fantasma, entre las que destaca Public Health Supply and Equipmet de Mx Sa de Cv a la que le pagaron 39.5 millones de pesos. Otros proveedores que no fueron localizados en los domicilios fiscales correspondientes son: “Materiales Electrical Supplies, Reymundo Guerrero Rangel y Frankmar Sa de Cv”, detalla la organización.
El segundo monto más alto se erogo desde la Secretaría de Desarrollo Urbano Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), instancia que realizó contratos y pagos a 6 de estas empresas por más de 36 millones de pesos.
En la lista también se señala a la Oficialía Mayor que 2018 otorgó contratos a 4 proveedores “fantasma”, uno de ellos de nombre Grupo Hirolma S. de R.L. de C.V. la cual facturó 948 mil 370 pesos a la Secretaría de Educación Gobierno del Estado (SEGE) bajo el concepto de material educativo.
La SEGE también realizó pagos y contratos a 5 empresas, entre ellas a Sistema Comercial 377 S.A. de C.V. la cuál recibió 82 mil 584 pesos, sobre esta empresa, Ciudadanos Observando apunta que ya fue denunciada y exhibida públicamente por el propio SAT y aparece registrada en su lista negra. Esta empresa también fue utilizada en su momento en el Congreso del Estado por la ex diputada perredista Dulcelina Sánchez.
El DIF Estatal también es señalado de realizar contratos con 3 empresas cuyo domicilio no ha sido corroborado, a las que realizó pagos por 2.5 millones de pesos.
Una de estas se trata de proveedor Industrias Cenditel Sa de Cv, al que se le habrían pagado 2.4 millones de pesos; la empresa aparece con dirección fiscal en la calle Netzahualcóyotl 365 del Barrio De Tlaxcala. “Sin embargo al visitarla se comprobó que es una vivienda abandonada y no existe ninguna empresa. Esta forma también habría participado en procesos de compra con la actual administración del ayuntamiento de la capital para intentar vender cobijas, sin embargo no fue favorecida finalmente.
En el caso del Centro de Producción Santa Rita, este realizó el pago por 13.7 millones de pesos a 6 proveedores o empresas que “no aparecen por ningún lado”, destaca la publicación.
La investigación remará que “es raro y preocupante que la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí no haya detectado ninguna empresa fantasma al Hospital Central "Ignacio Morones Prieto", donde con pruebas contundentes hemos denunciado la existencia con más de veinte empresas fantasmas que mes con mes facturan medicamentos oncológicos. La Contraloría General del Estado mantiene un preocupante encubrimiento, ya que tampoco detectó absolutamente nada durante 2018”.
La organización pide a los organismos fiscalizadores tomar cartas en el asunto, ya que, evidencian, que estas prácticas han sido denunciadas en otras ocasiones de manera pública.
maria.medrano@clabsa.com.mx
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