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La coordinadora general de los Centros de Justicia para Mujeres, Julieta Méndez Salas reconoció que todavía hay “resistencia” de algunos ministerios públicos sobre todo del interior del estado para capacitarse y para darse cuenta que la atención a las víctimas “no es un favor” sino que es un derecho de todas las víctimas, sobre todo en materia de emitir ordenes de restricción a favor de mujeres violentadas.
Dijo además que se ha hecho un trabajo muy fuerte, en coordinación con la Subprocuraduría de delitos sexuales, aunado a mesas de trabajo directamente con el Fiscal General del Estado, “en la capital del estado si hay ya una gran disposición de las y los ministerios públicos para entender que se trata de medidas para poner a salvo a las mujeres”.
Méndez Salas añadió que sin duda es una lucha diaria en la que se seguirá trabajando, para que se reconozca este derecho para todas las mujeres que han sido víctimas de violencia, “es una disposición legal y se estará revisando para que todos los funcionarios estén dando cumplimiento a lo que marca la ley de acceso libre de violencia para las mujeres”.
Por otro lado, al respecto de la Alerta de Violencia de Género que existe en la entidad, explicó que es un tema que no solo es responsabilidad de las instituciones sino que es labor de toda la sociedad en su conjunto; estimó que es una visión “muy limitada” juzgar la efectividad de un mecanismo de esta naturaleza por el número de muertes de mujeres.
Recalcó que la violencia machista es una cuestión cultural y muy arraigada no solo en San Luis Potosí, sino en todo el país y el mundo, por lo que hay una labor que se tiene que hacer desde los hogares, porque el hecho es que la gran mayoría de los casos de violencia feminicida son perpetrados por personas que tenían un vínculo afectivo o familiar con la mujer víctima.
apl
