Más Información
Tras darse a conocer en días pasados que se aplicó el uso de la fuerza pública en el desalojo de una oficial del Registro Civil, Alejandro Leal Tovías, secretario general de gobierno, condenó la manera en que la trabajadora fue sacada de sus oficinas por parte de policías municipales.
El funcionario admitió que el Ayuntamiento de San Luis Potosí en ningún momento ha solicitado a la administración estatal que se le retire el nombramiento a esta persona, puesto que aunque la relación laboral es con el municipio, la fe pública la otorgó el nivel estatal.
Puntualizó "estamos revisando ese tema, actualmente el nombramiento de los oficiales del Registro Civil es a propuesta de los presidentes municipales y nosotros lo que hacemos es darles el nombramiento y la fe pública, pero técnicamente son empleados de los ayuntamientos no del gobierno, los ayuntamientos son quienes les pagan sus sueldos".
Leal Tovías recalcó que esta situación es un tema "muy delicado y que reprochamos", puesto que la forma en que sacaron a la persona no estuvo correcta, más allá de si la razón jurídica asistía al Ayuntamiento y la realidad es que al parecer se le violaron sus derechos humanos a la involucrada.
Finalmente, el secretario indicó que regularmente cada tres años, que entran y salen las nuevas administraciones municipales, se deciden las bajas y altas de nuevos oficiales del Registro Civil sin mayor problema.
Sin embargo, en este caso es cierto que la persona mantenía su nombramiento por parte de la administración estatal, por lo que habría que analizar jurídicamente y al pie de la letra si el Ayuntamiento tenía la facultad de removerla sin haber solicitado la baja al gobierno del estado.
samuel.estrada@clabsa.com.mx
vkc
