Regidores panistas del ayuntamiento de San Luis Potosí anunciaron que promoverán un punto de acuerdo al interior del Cabildo para que se realice una investigación exhaustiva por los sucesos violatorios de derechos humanos cometidos en contra de Teresa Carrizales Hernández al ser desalojada de las oficinas en las que fungía como oficial del Registro Civil.
Tras condenar los hechos, Verónica Rodríguez Hernández, líder de la fracción cabildicea, mencionó que una vez que se deslinden responsabilidades y se determine quién dio la orden, la persona que resulte responsable tendrá que ser separada del cargo, aún si se trata del presidente municipal Xavier Nava Palacios.
Por su parte, Christian Azuara Azuara, presidente de la Comisión de Seguridad Pública Municipal, señaló que llamará a audiencia “esta semana o la próxima” al comisario Edgar Jiménez Arcadia, titular de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal (DGSPM), además de pedir un estudio y cursos de derechos humanos para los elementos y directores de la institución.
Dulce Karina Benavides, integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Cabildo, anunció que promoverá un punto de acuerdo para solicitar capacitación en materia de derechos humanos, no solo para seguridad pública sino para todas las direcciones que tenga contacto con la ciudadanía.
Incluso las capacitaciones estarían dirigidas para Olga Liliana Palacios Pérez, coordinadora municipal de derechos humanos; al respecto, Rodríguez Hernández consideró “que haya capacitación en derechos humanos para todos; todos incluida ella”.
A la rueda de prensa en la que también estuvo presente Maximino Jasso Padrón, presiente del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional (PAN), se ausentaron la regidora Raquel Bárcenas y Alfredo Lujambio Cataño.
maria.medrano@clabsa.com.mx
vkc