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Un nuevo episodio por uso de violencia excesiva por parte de elementos de la Policía Municipal de la capital de San Luis Potosí fue el que se suscitó con el desalojo de la hoy exoficial del Registro Civil, María Teresa Carrizales, quien fue sometida por la fuerza por agentes, según se aprecia en un video difundido en redes sociales.
Los hechos se suscitaron el pasado primero de julio, cuando los elementos municipales, liderados por su director general Edgar Jiménez Arcadia, arribaron a las instalaciones de la Oficiala 11 del Registro Civil, tras recibir el reporte de que las chapas de estas oficinas habían sido violentadas, por lo que se presentaron para desalojar del edificio a la licenciada María Teresa Carrizales.
La afectada había sido dada de baja en su responsabilidad al frente de la Oficialía desde el pasado 28 de junio como parte de una reestructuración hecha por la administración del alcalde Xavier Nava Palacios, sin embargo, al parecer se había negado a aceptar la indemnización y acudió a laborar, y cuando las autoridades municipales tuvieron conocimiento de su presencia se concentraron en el sitio para proceder con el desalojo de “un área restringida”.
María Teresa Carrizales se negó a acatar la orden de desalojo y mostró el nombramiento oficial por parte del secretario general, por lo que se atrincheró en su escritorio, asegurando no haber sido notificada sobre su despido. Ante esta situación tres oficiales femeninas la sometieron, esposaron y la sacaron de las instalaciones.
Cabe destacar que durante el procedimiento estuvo presente la coordinadora de Derechos Humanos del ayuntamiento, Olga Palacios, quien al final del video justifica el actuar de los policías, “ella forcejeaba y gritaba… pero en realidad no le estaban haciendo nada”, señaló.
Tras el incidente diversos sectores hicieron pronunciamientos, condenando la actuación policial de los elementos de seguridad del municipio capitalino, entre ellos diputados locales y partidos políticos, ya que la afectada aseguró que se trata de una venganza, luego de denunciar el supuesto robo de recursos al realizar cobros extras por trámites en las oficialías del Registro Civil.
También la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en San Luis Potosí inició expediente de queja contra la Dirección General de Seguridad Pública Municipal (DGSPPM), al ordenar el uso de la fuerza, sin que mediara orden judicial alguna que legitimara su actuar.
Por su parte, el Observatorio de Participación Política de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí (OPPMSLP) condenó el proceder de los agentes policíacos y aseguró que este tipo de actos atentan contra la dignidad de las mujeres y los derechos humanos y dan cuenta de la falta de protocolos de actuación para dirimir los diferendos que se presenten en el ámbito de la administración pública municipal.
La administración de Xavier Nava Palacios señaló por su parte que la licenciada María Teresa Carrizales había sido notificada sobre su baja como suplente de la Oficialía número 11, quien a su vez habría rechazado la indemnización y violentó sellos y chapas de la oficina pública para continuar operaciones como si aún estuviera en funciones, además de que presuntamente se condujo de forma indebida al utilizar sellos, agendas y actas, tras haber sido informada de la remoción de su cargo.
Sebastián Pérez, quien funge como secretario general del ayuntamiento capitalino, mencionó que en la capital existen siete jurisdicciones de las Oficialías del Registro civil y que, en tan solo un dominio, se encontraban 5, por lo que se procedió a la diversificación estratégica de las oficinas para hacerlas más accesibles para todos, “como parte de la reestructuración y luego de una revisión exhaustiva de los procedimientos fueron identificadas irregularidades en la Oficialía Número 11, por lo que se procedió a la baja”, expuso.
El director general de Seguridad Pública Municipal, Edgar Oswaldo Jiménez Arcadia expuso que él personalmente acudió al lugar para supervisar que los procesos se realizaran con apego a la legalidad, recalcando que no se trató de un operativo, sino de un apoyo a un acto administrativo del gobierno municipal.
Por estos hechos la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí reconoció que ya se recibió la denuncia por parte de Teresa Carrizales, por abuso de autoridad y agresiones.
sergio.marin@clabsa.com.mx
apl
