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Pese a que se pretende señalar que los comuneros de San Juan de Guadalupe se convertirán en “socios” de la desarrolladora inmobiliaria “Espacios en el Horizonte S.A. de C. V.”, que busca comprarles alrededor de dos mil 68 hectáreas, en realidad en el contrato que se puso a disposición de la Asamblea Comunal del pasado 21 de julio, solo se pagarán poco más de 80 mil pesos por ejidatario, es decir, pretenden hacerse de estos terrenos en las faldas de la Sierra de San Miguelito a un peso con 30 centavos ($1.30m.n.) por metro cuadrado.
Cabe destacar que actualmente el metro cuadrado en La Loma Club de Golf, también en las faldas de la sierra, propiedad de Carlos López Medina, mismo titular de “Espacios en el Horizonte”, cuesta entre 10 mil y 15 mil pesos el metro cuadrado, es decir, la disparidad de ganancias entre asociado y asociante en un futuro cercano sería descomunal.
De acuerdo al contrato que se propuso en la mencionada asamblea y al que tuvo acceso EL UNIVERSAL SAN LUIS POTOSÍ, cada uno de los 355 integrantes de la comunidad de San Juan de Guadalupe y sus anexos de Tierra Blanca y San Miguelito estarían recibiendo 80 mil 581 pesos en dos exhibiciones, una primera de 23 mil 880 pesos entregados por medio de un cheque al momento de la firma del contrato.
Los 59 mil 701 pesos restantes por concepto de utilidades estarían siendo entregados hasta que en una nueva Asamblea Comunal se autorice y adopte el dominio pleno respecto de las tres parcelas en colectivo, el comunero aportará su parte proporcional correspondiente al desarrollador.
No obstante, incluye una cláusula de que si por alguna razón no se cumplen los requisitos del contrato, el comunero tendrá que regresar al 100 por ciento el recurso recibido a el empresario, incluso hasta con pago de intereses.
Asimismo, se detalla que los gastos, derechos, impuestos y honorarios que se generen de la formalización de la aportación de la superficie que le corresponde en su parte proporcional a cada uno de los 335 comuneros, correrán en 40 por ciento a cargo de cada uno de ellos y el 60 por ciento lo pagará el desarrollador inmobiliario.
Cabe señalar que la Procuraduría Agraria no estuvo presente para avalar los acuerdos firmados, por tanto será complicado que en adelante la Procuraduría Agraria en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano (Sedatu) y el Registro Agrario Nacional no podría validar este “contrato de asociación”.
