Integrantes de las comunidades Mazahua, Triqui y Mixteca Baja, marcharon este viernes con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, hacia la sede del Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos Indígenas del Estado (Indepi), para exigir el respeto a sus derechos como comunidad y un alto a las omisiones de la dependencia, así como la renuncia de su titular Raúl González Vega.
La marcha inició en el monumento a las Tres Gracias en Carranza esquina con Uresti y Reforma, de allí marcharon hacia Carranza con rumbo a Plaza de Armas, hicieron una parada frente al Palacio de Gobierno y continuaron hasta sobre la calle de Francisco I. Madero hacia la sede del Indepi.
Frente al Palacio de Gobierno realizaron un pequeño pronunciamiento en el que refirieron que “no hay nada que celebrar”, pues no hay respeto a los usos y costumbres y a la libre determinación de los pueblos indígenas.
Al llegar a las puertas del edificio donde se encuentra el Indepi colocaron una manta que clausuró simbólicamente el acceso con la leyenda “Por ir en contra de los principios del INDEPI por violar derechos Humanos de Comunidades Indígenas, por discriminación y abuso de autoridad y estar señalado de desvío de recursos CLAUSURADO hasta que renuncie Raúl de Jesús González Vega director del INDEPI y el jurídico Eduardo Hervert”.
Además Griselda Polaines, representante de la Comunidad Mixteca Baja, mencionó que aunque hay ordenamientos legales para garantizar el respeto a sus derechos, en la práctica no ocurre, pues varios municipios, entre ellos la capital del estado y diversos municipios en la Huasteca, no han nombrado comités indígenas con titulares electos por las propias comunidades.
En la capital recordaron que fueron dejados fuera de la consulta para la conformación del Plan Municipal de Desarrollo y pese a que hay una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, no se percibe la búsqueda de solucionar esta situación.
También recordaron que al inicio de la administración estatal no fueron considerados dentro del Plan Estatal de Desarrollo por lo que tuvieron que recurrir a un amparo, “exigimos al Gobierno del Estado que reconozca nuestros derechos humanos y colectivos", puntualizó.
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